El juez federal Nº2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, hizo lugar a la cautelar que presentó la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), patrocinada por el defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, y ordenó que la Agencia Nacional de Discapacidad restituya las pensiones a todos los titulares afectados en la provincia. Lo hizo en respaldo al dictamen que había emitido el fiscal federal Santos Reynoso la semana pasada. En La Rioja se había dado un antecedente similar y Catamarca es la segunda en conseguirlo.
El fiscal Reynoso dictaminó a favor de la acción de amparo que se presentó el 5 de septiembre y, a última hora del viernes se firmó el dictamen del juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien reafirmó el mismo criterio. «Nos encontramos frente a derechos de indudable naturaleza colectiva, cuyo objeto resulta ser, si bien derechos individuales y divisibles, afectados de manera común u homogénea, tanto por una norma inconstitucional, como por su irregular ejecución por la Administración. La realización de un solo proceso con efectos expansivos hacia el universo de sujetos pretendidamente afectados luce prima facie justificada», se señaló.
En este caso, el juez remarcó que si bien los afectados son los pensionados residentes en la provincia de Catamarca, «el Defensor del Pueblo de la Provincia ostenta legitimación suficiente para intervenir en los presentes; ello así, por resultar francamente intolerable que, frente a la envergadura de los derechos sociales invocados y en los que se encuentra comprometida la subsistencia misma y digna de sus titulares, recaiga sobre ellos y en su perjuicio, la vacancia en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación».
En efecto, el juez hizo lugar a la cautelar que había planteado Mera en su presentación como representante de APYFADIM, y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) «que en el plazo de veinticuatro horas desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones a los titulares y pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha». De igual modo y hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, le ordenó a la ANDIS que «se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad».
La presentación había sido realizada por Griselda Bazán, presidenta de APYFADIM, acompañada por seis titulares de pensiones que habían sufrido la suspensión del beneficio, todos ellos patrocinados por la Defensoría del Pueblo. Consistió en una acción de amparo contra el Estado Nacional y la ANDIS, pidiendo que se declare la nulidad de los actos administrativos de suspensión de la pensión no contributiva por invalidez laboral de cada uno de los beneficiarios afectados y de todo el colectivo en el ámbito de la provincia. Además, pidieron que se ordene la adecuación del procedimiento de auditorías. También pidieron que se declare la inconstitucionalidad del decreto nº843/2024.
Según habían mencionado en la presentación, se enteraron de las suspensiones en julio y lo notaron cuando quisieron percibir el haber y se encontraron con la inexistencia de fondos en sus cuentas. «En la búsqueda de información y frente a la urgencia, muchos se anoticiaron de que debían concurrir a una sucursal del Correo Argentino para retirar una carta documento en la que se les notificaba la suspensión, utilizando un lenguaje técnico-jurídico inaccesible, lo que redundaba en una afectación adicional de su derecho a la información y defensa», reclamaron.
En La Rioja, un antecedente cercano
La semana pasada, la Justicia dictó una medida cautelar para frenar la suspensión de las pensiones por invalidez en La Rioja. Lo informó el gobernador Ricardo Quintela, que había presentado el amparo para pedir por la restitución del beneficio en su provincia.
«La Justicia acaba de hacer lugar a una cautelar, ordenando a la ANDIS que se abstenga de dar de baja la pensión por invalidez de beneficiarios riojanos injustamente suspendida. Continuaremos instando por todo el colectivo de la discapacidad, sea en el ámbito administrativo o judicial», dijo. Los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones, también habían hecho presentaciones similares y esperaban definiciones. En el Congreso, el Senado rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia en Discapacidad y se mantuvo la normativa que prevé una actualización de los aranceles para prestadores y fijó el valor de la pensión no contributiva por discapacidad en 70% de la jubilación mínima.