Las personas con discapacidad con sus familias atraviesan una crisis sin precedente bajo la gestión del ultraderechista Javier Milei. Presentamos un análisis de este tema tan sensible y una respuesta desde nuestra mirada socialista.
Las políticas de ajuste económico impulsadas por el gobierno libertario, justificadas bajo la bandera del “superávit fiscal a cualquier costo”, han golpeado con dureza a un colectivo históricamente vulnerado, dejando a miles de personas sin acceso a derechos esenciales como salud, educación, transporte y rehabilitación. A esto se suma una retórica oficial que, lejos de promover la inclusión; estigmatiza y deshumaniza, como quedó en evidencia en el ataque público del propio Milei a Ian Moche, un niño autista de 12 años que se convirtió en símbolo de resistencia frente a estas políticas regresivas.
Veto a la emergencia
El 10 de julio de 2025, gracias a la lucha impulsada a lo ancho y largo del país, el Congreso argentino aprobó con amplio consenso la Ley 27.793, que declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026. La norma buscaba garantizar el financiamiento adecuado de las Pensiones No Contributivas (PNC), actualizar aranceles para prestadores de servicios (terapias, transporte, acompañamiento), y crear una pensión compatible con el empleo formal para promover la inclusión laboral. Sin embargo, este 4 de agosto Milei vetó esta ley mediante el Decreto 534/2025, argumentando que su implementación implicaría un gasto de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, lo que “rompería” el
superávit fiscal, considerado por el gobierno como “innegociable”.
El Ejecutivo justificó el veto alegando que la ley carecía de fuentes de financiamiento suficientes y presentaba “irregularidades” en su tratamiento legislativo. Además, citó el Pacto de Mayo de 2024, un acuerdo con gobernadores que prioriza el “equilibrio fiscal inquebrantable”. Sin embargo, estas excusas se desmoronan al analizar los hechos. La Ley 27.793 incluía un artículo que obligaba al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para garantizar los fondos, lo que desmiente la supuesta falta de financiamiento. Por otro lado, el impacto fiscal estimado por el gobierno (0,26% del PBI en 2025 y 0,47% en 2026) es insignificante frente al pago descomunal de deuda externa que realiza religiosamente el gobierno, o frente al aumento a los fondos de la SIDE y las fuerzas represivas.
El veto no solo ignora la obligación del Estado de proteger a las personas con discapacidad, consagrado en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que también contradice una reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el derecho autónomo al cuidado y la responsabilidad estatal hacia sectores vulnerables. Un fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, el 18 de agosto de 2025 declaró inconstitucional el veto, argumentando que los derechos de los niños con discapacidad deben prevalecer sobre las restricciones fiscales.
Este fallo, impulsado por una familia con dos hijos con Trastorno General del Desarrollo (TGD), abrió la puerta a cientos de demandas similares, evidenciando que la coartada del “no hay plata” es falaz y regresiva.
Auditorías y desfinanciamiento
A todo lo descripto arriba se le suma que el clan Milei implementó medidas que agravan la crisis del sector. Desde diciembre de 2023, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lleva adelante auditorías masivas que han resultado en la suspensión de 110.522 pensiones no contributivas por invalidez laboral, según informó el vocero presidencial Manuel Adorni. El gobierno sostiene que estas suspensiones combaten el “fraude”, citando casos en los que un alto porcentaje de la población en ciertas localidades cobraba pensiones. Sin embargo, esta narrativa oculta la realidad: las auditorías, lejos de ser transparentes, han sido arbitrarias y carecen de formatos accesibles, dificultando que las personas con discapacidad puedan cumplir con los requisitos burocráticos.
Además, los salarios para prestadores de personas con discapacidad (terapeutas, transportistas, acompañantes) no se actualizan desde diciembre de 2024, a pesar de una inflación acumulada del 204,9% entre diciembre de 2023 y abril de 2025. Esto ha llevado a que muchos profesionales abandonen sus trabajos culpa de los ingresos de miseria, dejando a personas discapacitadas sin terapias esenciales, docentes integradores o transporte. Por ejemplo, el monto de las pensiones no contributivas ($213.286,50 en junio de 2025) está por debajo de la canasta básica, y su poder adquisitivo cayó un 13% en el último año. Las familias denuncian que el desfinanciamiento de ANDIS y la falta de respuestas del Estado agravan la exclusión del colectivo.
El caso Ian Moche: la crueldad como política de Estado
Uno de los episodios más indignantes de la gestión de Milei fue su ataque público a Ian Moche, un niño autista de 12 años que se ha convertido en un activista por los derechos de las personas con discapacidad. En marzo de 2025, Ian y su madre denunciaron que el titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, les dijo en una reunión que tener un hijo con discapacidad “es un problema de la familia, no del Estado” y cuestionó beneficios como la exención de peajes para personas con discapacidad. Cuando Ian compartió esta experiencia en una entrevista con el periodista Paulino Rodrígues, Milei republicó un mensaje en X que acusaba al niño de ser parte de una “operación” kirchnerista y lo ubicó “del lado del mal”. Este personaje siniestro está destapando una olla de corrupción con filtración de audios pidiendo coimas a laboratorios que salpica a los Menem y a Karina Milei, es decir, el círculo de decisiones del gobierno.
El ataque desató una ola de hostigamiento en redes sociales por parte de cuentas afines al oficialismo, que incluso difundieron datos personales de Ian y su familia, como su dirección y escuela. La familia presentó una demanda judicial para que Milei elimine la publicación y cese las agresiones, argumentando que el presidente incitó al odio y vulneró los derechos de un menor. Milei, lejos de retractarse, defendió su accionar como un ejercicio de “libertad de expresión”, negando que la publicación tuviera carácter oficial. Este episodio no fue aislado: Milei ha utilizado términos estigmatizantes como “down” o “mogólico” para insultar a opositores, y la resolución 187/2025 de ANDIS incluyó palabras como “idiota” e “imbécil” para referirse a personas con discapacidad intelectual, generando un repudio generalizado. Dicho sea de paso, la Justicia en el caso de Moche declaró que Milei tiene libertad de expresión y que no debía retractarse de sus afirmaciones, demostrando una vez más el carácter clasista y discriminatorio de la casta judicial.
Darwinismo social y meritocracia: la ideología detrás del ajuste
La política de Milei hacia las personas con discapacidad no puede entenderse sin analizar la ideología que la sustenta: un darwinismo social disfrazado de meritocracia. Esta visión, que permea el discurso libertario, postula que el éxito individual depende exclusivamente del esfuerzo personal, ignorando las desigualdades estructurales y las necesidades específicas de colectivos vulnerables. En este marco, las personas con discapacidad son vistas como una “carga” para el Estado, y los apoyos sociales, como pensiones o servicios, son considerados un “gasto innecesario” que obstaculiza el dogma del superávit fiscal.
El ataque a Ian Moche refleja esta lógica medieval. Al acusar a un niño de 12 años de ser un “operador político”, Milei no solo deslegitimó su activismo, sino que lo señaló como un enemigo en un contexto donde el gobierno divide a la sociedad entre “los productivos” y “los parásitos”. Esta retórica, que recuerda al darwinismo social del siglo XIX, justifica la exclusión de quienes no encajan en el ideal de la meritocracia capitalista. Las personas con discapacidad, que requieren apoyos específicos para ejercer sus derechos, son particularmente afectadas por esta visión que prioriza el equilibrio fiscal y el sálvese quien pueda.
El discurso de Milei también se alinea con una narrativa asociada al “fraude”, que estigmatiza a las personas con discapacidad. Al suspender miles de pensiones bajo el pretexto de auditorías, el gobierno insinúa que muchos beneficiarios son “tramposos” que no merecen asistencia. Esta estigmatización no solo ignora la realidad de las personas con discapacidad, sino que refuerza la idea de que solo los “aptos” merecen prosperar, dejando a los más vulnerables en el abandono.
Triunfo parcial en el Congreso y el camino hacia adelante
Frente a este escenario las familias, organizaciones y prestadores de servicios han salido a las calles para exigir la derogación del veto y la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El 4 de junio y este 20 de agosto de 2025 miles de personas se movilizaron frente al Congreso, denunciando la “crueldad” del gobierno y demandando respuestas. La batalla del 20 de agosto se ha ganado, gracias a la presión en la calle, dado que se ha votado anular los vetos del Gobierno, aunque aún falta sortear la cámara reaccionaria del Senado.
El colectivo llama ahora a los senadores a rechazar el veto, donde se necesitan dos tercios de los votos. Sin embargo, desde el MST creemos que la lucha no se debe limitar al Congreso y el Senado. La lucha de miles de personas que enfrentan la precariedad diaria demuestra que la organización y la coordinación desde abajo son la respuesta frente a un gobierno que prioriza los números por encima de las vidas.
Frente a los recortes y la precarización que sufren miles de personas con discapacidad y sus familias, se hace evidente que el problema no es solo de falta de presupuesto, sino de un modelo que mercantiliza la salud y la convierte en un privilegio en lugar de un derecho. En ese sentido, desde las familias y personas con discapacidad del MST, planteamos la necesidad de avanzar hacia un sistema único de salud, 100% público, gratuito y universal, que ponga en el centro la vida y no la ganancia.
Un sistema de estas características permitiría terminar con la fragmentación actual, donde las personas con discapacidad deben peregrinar entre obras sociales, prepagas y organismos estatales para conseguir una prestación o para renovar un Certificado de Discapacidad; como ocurre en la actualidad que se exigen renovaciones anuales de este documento en padecimientos que son crónicos. En cambio, con un único sistema, cada persona podría acceder de manera directa a sus tratamientos, medicación, rehabilitación y apoyos técnicos, sin depender de la capacidad económica propia, de la burocracia sindical o la mezquindad de las prepagas.
Además de luchar por la Emergencia en Discapacidad, proponemos medidas concretas y urgentes:
Cobertura integral de prestaciones, medicamentos y tratamientos
sin topes ni recortes.
- Cobertura integral de prestaciones, medicamentos y tratamientos sin topes ni recortes.
- Centros de rehabilitación y atención interdisciplinaria públicos, distribuidos en todo el país.
- Actualización automática de prestaciones y pensiones por discapacidad cuyo piso sea la canasta básica.
- Producción pública de insumos y tecnología, para terminar con la especulación de empresas privadas.
- Participación de las propias personas con discapacidad y sus organizaciones en la definición de políticas y prioridades.
Lejos de ser una utopía, estas medidas son posibles si se prioriza la salud y los derechos humanos por sobre el ajuste dictado por el FMI y el gobierno de Milei. La verdadera salida para garantizar una vida plena a quienes tienen discapacidad es avanzar hacia un sistema único de salud estatal, universal y gratuito, sostenido desde rentas generales.