El veto de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Educativo, Emergencia Pediátrica y de distribución de ATN corrobora que el Gobierno nacional insiste en blandir la motosierra como herramienta para mantener el superávit fiscal. La política oficial configura un Estado reducido a su mínima expresión, ajustado hasta la asfixia, con el objetivo de alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, la realidad muestra un rumbo mucho más contradictorio: el ajuste no es parejo ni equitativo.
El ajuste ha sido especialmente duro en áreas que despliegan políticas destinadas a asistir o contener a la población más vulnerable -programas de asistencia social, salud, fondos para comedores, políticas de prevención de adicciones o de inclusión laboral- o en aquellas que implican un desarrollo estratégico para la Argentina –como la educación, la ciencia o la obra pública-. En otras, sin embargo, como la inteligencia o los servicios financieros que surgen de la emisión de deuda pública, el gasto ha aumentado de manera notable.
El ajuste no es una herramienta técnica, sino una decisión política. El Gobierno elige deliberadamente quién paga el costo de la “disciplina” y quién queda protegido de ella. El ajuste no es una herramienta técnica, sino una decisión política. El Gobierno elige deliberadamente quién paga el costo de la “disciplina” y quién queda protegido de ella.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó, en base a estadísticas oficiales, que en salud, educación, asistencia social, ciencia y tecnología la reducción en la ejecución del gasto fue del 31% real en comparación con el año 2023. El recorte en Superintendencia de Servicios de Salud es del 56”, en hospitales nacionales de entre 30 y 38%, en el Instituto Malbrán del 26% y en la ANMAT del 27%.
En lo que respecta a la ciencia, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación se redujo en un 83”, el CONICET en un 29%, el Servicio Geológico Minero Argentino en un 32% y el Servicio Meteorológico Nacional en un 23%.
En el área educativa, desparecieron el programa Conectar Igualdad y el Fondo Nacional y hubo bajas superiores al 50% en los programas de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles, Becas y Gestión Estudiantil, y Acciones de Formación Docente. También se registran disminuciones presupuestarias en los organismos de Seguridad y en materia de desarrollo productivo.
En cambio, la Secretaría de Inteligencia del Estado tuvo un aumento del 23% en igual periodo. Los servicios de la deuda pública, mientras tanto, ya ocupan el segundo lugar en importancia dentro de la estructura total del gasto.
El ajuste, entonces, no es una herramienta técnica, sino una decisión política. El Gobierno elige deliberadamente quién paga el costo de la “disciplina” y quién queda protegido de ella. Y lo que se configura es un Estado cada vez menos presente para los sectores medios y bajos, pero siempre eficiente a la hora de servir a los intereses financieros y corporativos.
La austeridad, en los hechos, se transforma en injusticia. Y ese camino no conduce a la estabilidad, sino a una sociedad más desigual, fragmentada y vulnerable.