La comisión encargada de redactar el nuevo Código de Convivencia Municipal reunió a referentes del Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (IDEJUS) —unidad ejecutora del CONICET y la UNC—, entre ellos Esteban Llamosas, María Angélica Peñas Defago, Hugo Omar Seleme, Hernán Galo Bouvier y Marisa Fassi. También estuvo presente Mónica Cingolani, decana de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba (UCC).
Cingolani destacó que la universidad puede aportar “espacios de participación activa y debate”, además de estudios y relevamientos que sirvan como insumo. Recordó la experiencia de la UCC en 2008, cuando participó de la comisión de expertos que redactó la reforma política y electoral provincial.
El nuevo Código de Convivencia busca virar de la lógica punitiva hacia un enfoque de derechos y prevención.
Por su parte, Llamosas planteó que “ninguna convivencia puede fortalecerse sin conocimiento científico” y que por eso el aporte de investigadores especializados en género, ética pública, discapacidad, derecho ambiental y derecho a la ciudad será central en la discusión.
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Críticas al paradigma punitivo
Las investigadoras Defago y Fassi remarcaron que, en las últimas décadas, los códigos de convivencia se usaron para criminalizar la vulnerabilidad: jóvenes, migrantes, personas pobres o con problemas de salud mental. “Lejos de prevenir conflictos, se sanciona a los grupos de riesgo por su condición y no por su conducta”, alertaron.
En ese sentido, pidieron normas que prioricen el principio de igualdad, el trato digno y la no discriminación, además de promover mecanismos restaurativos, mediación y trabajo comunitario como alternativas a la sanción. También reclamaron un código transparente y con lenguaje claro, accesible a la ciudadanía.
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En la misma línea, Seleme sostuvo que el nuevo Código debe ser un instrumento preventivo y no un catálogo de sanciones. “Hay que quitarle el tono punitivo. La sanción debe ser la última alternativa”, aseguró, y propuso la creación de consejos barriales, centros vecinales y jurados populares como instancias de participación.
Académicos reclamaron participación ciudadana y mecanismos restaurativos como ejes centrales de la reforma.
Espacio público y discrecionalidad
El investigador Hernán Galo Bouvier propuso repensar el espacio público no sólo como ámbito de circulación y ocio, sino también de manifestación y visibilización de problemáticas sociales. Planteó que es necesario compatibilizar el derecho a circular con el de expresarse en la vía pública.
Además, advirtió sobre el peligro de la discrecionalidad administrativa en la aplicación de sanciones. “Abrir esa puerta habilita estereotipos y arbitrariedades. Muchas veces se agrava la falta si el infractor tiene consumos problemáticos, cuando debería ser al revés: una circunstancia para atenuar la sanción”, subrayó.