La reducción de fondos destinados a políticas de prevención de adicciones puede mencionarse como una de las consecuencias preocupantes del ajuste practicado por el gobierno nacional. En recientes declaraciones periodísticas, el arzobispo Marcelo Colombo, titular de la Comisión Episcopal, expresó su preocupación por el recorte de 500 millones de pesos destinados a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), dependiente del Ministerio de Capital Humano.
La restricción de partidas destinadas a dispositivos comunitarios de atención en adicciones es particularmente grave porque afecta a la primera línea de respuesta, como son los centros barriales, parroquiales y organizaciones sociales que articulan con el organismo nacional. Estos espacios contienen adolescentes y jóvenes, acompañan a familias y brindan una alternativa distinta a la lógica del mercado de la droga, y por esa razón previenen que jóvenes sin horizonte laboral caigan en circuitos de criminalidad.
El desfinanciamiento en las políticas de prevención de adicciones termina haciendo caer un modelo integral y liberando espacio para que las redes narco llenen el vacío. El desfinanciamiento en las políticas de prevención de adicciones termina haciendo caer un modelo integral y liberando espacio para que las redes narco llenen el vacío.
Para Colombo, esos recortes, “sumados a muchas exigencias de naturaleza burocrática sobre el modo del gasto, hace que se torne cada vez más dificultoso el poder llevar adelante esta misión tan delicada”.
A la reducción en el financiamiento a las políticas de prevención de adicciones debe añadírsele, como consecuencia directa de los mismos criterios fiscalistas aplicados por el gobierno libertario, los despidos de 100 trabajadores especializados en el Sedronar. Las bajas en recursos humanos especializados en la problemática implica la pérdida de saber acumulado en prevención y acompañamiento. En adicciones, el recurso humano no se improvisa: requiere formación, experiencia y vínculo con el territorio.
El arzobispo fue muy enfático en marcar como derivación inevitable de esta retirada estatal el avance sobre la sociedad del crimen organizado: “Cuando se corre el Estado, comienza a intervenir el narcotráfico”. Los agentes del narcotráfico en los barrios de mayor vulnerabilidad reemplazan con bolsas de alimentos, dinero para un sepelio, transporte para una consulta médica o ayudas de distintos tipos lo que antes hacía un programa promovido por el sector público. Este mecanismo de sustitución no es un acto de caridad, sino una estrategia de cooptación: se construye lealtad y se asegura territorio.
El desfinanciamiento en las políticas de prevención de adicciones, que incluye también medidas de tratamiento, de reinserción social y de control de la oferta, termina haciendo caer un modelo integral y liberando espacio para que las redes narco llenen el vacío.
Cada peso que se recorta hoy en prevención de adicciones se traduce en mayor violencia y mayor costo mañana: en hospitales saturados, en cárceles desbordadas, en barrios sitiados por la lógica del crimen organizado. La política de adicciones no es un gasto: es una inversión en seguridad, salud pública y cohesión social.