A través de una resolución emitida esta semana, el Gobierno nacional procedió a dar de baja 15 programas y subprogramas de vivienda. La medida es una continuidad de la política de motosierra que ha paralizado la obra pública en general y particularmente la construcción y mejora de viviendas desde el comienzo de la gestión. Hace unos meses atrás, mediante decreto, el gobierno había suprimido la Secretaría de Desarrollo Territorial y Vivienda, y un año atrás eliminado el Plan Procrear.
El argumento de la resolución, que lleva la firma del ministro Luis Caputo, es que los programas dados de baja no cumplían con los criterios de eficiencia necesarios en el actual contexto económico, un eufemismo para evitar decir que implicaban una erogación que la gestión libertaria no quiere afrontar y que delega en provincias y municipios. Es por eso que se refiere a una política de descentralización que lo que hace es reducir casi a cero la intervención del Estado Nacional en la construcción y mejora de viviendas.
La medida implica una transferencia de responsabilidades a los gobiernos subnacionales pero sin la transferencia de los recursos necesarios para financiar la ejecución de las obras. La resolución indica que los gobiernos locales serán los encargados de decidir si continúan con las obras en curso, paralizadas por Milei, financiándolas con fondos propios o mediante mecanismos de cobro a los beneficiarios. Lo mismo vale para las nuevas obras que se encaren en el futuro.
Las restricciones presupuestarias propiciadas por el gobierno libertario amplían el déficit habitacional crónico que tiene la Argentina Las restricciones presupuestarias propiciadas por el gobierno libertario amplían el déficit habitacional crónico que tiene la Argentina
La caída pronunciada de los ingresos de provincias y municipios, tanto en lo que respecta a las transferencias nacionales automáticas y no automáticas como a la recaudación propia, permiten inferir que, por más esfuerzo que hagan, sería imposible retomar el ritmo de construcción que existía antes de la decisión de paralizar las obras, en diciembre de 2023.
De todos modos, las jurisdicciones vienen, con gran esfuerzo, haciéndose cargo de culminar obras inconclusas y empezar otras. Catamarca es, precisamente, una de las provincias que prosigue con la construcción de viviendas con fondos propios, aunque por supuesto lejos del ritmo que tenía hasta noviembre de 2023.
La paralización de la obra pública repercute muy negativamente en la actividad económica, pero además, en el caso de la construcción de viviendas, las restricciones presupuestarias propiciadas por el gobierno libertario amplían el déficit habitacional crónico que tiene la Argentina. Según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el déficit habitacional en Argentina, que se da tanto por la falta de viviendas como por aquellas que están en mal estado o que no cuentan con servicios básicos, asciende a 3,24 millones de viviendas.
Las enormes dificultades para el acceso a créditos hipotecarios de los sectores de mayor vulnerabilidad en la Argentina tornan imprescindible el restablecimiento de los planes de viviendas con financiamiento nacional, de modo de ir reduciendo el déficit habitacional y haciendo cumplir el derecho a una vivienda digna para todos.