En pocos días, Yerba Buena fue escenario de dos hechos gravísimos: la represión a trabajadoras y trabajadores estatales de ATE que reclamaban elementos básicos para desarrollar sus tareas, como ropa y herramientas; y la agresión policial contra trabajadoras y trabajadores de Pedidos Ya que se solidarizaban con un compañero detenido injustamente.
Tanto a quienes trabajan en relación de dependencia como a quienes lo hacen de manera informal, el ataque del gobierno es de conjunto. Palos, detenciones arbitrarias y criminalización son la respuesta a la solidaridad y a los reclamos legítimos. Buscan castigar la solidaridad y destruir todo lo que tenga que ver con comunidad. Imponen el “sálvese quien pueda”, de manera que nadie pueda reaccionar cuando a un compañero lo tiran al piso y le pisan la espalda, como se ve en la imagen.
Estos hechos no son aislados. No comenzaron ayer, ni hace un año: son parte de una violencia institucional que viene de décadas. En Tucumán, se cobraron vidas como la de Luis Espinoza, trabajador rural desaparecido y asesinado por la policía con complicidad del Estado provincial durante la pandemia; o la de Facundo Ferreira, un niño de 12 años fusilado por la espalda por policías en 2018, en un caso que conmocionó al país.
En los últimos años, esta violencia se ha profundizado con razzias en barrios populares y un aumento de detenciones arbitrarias y de la persecución y criminalización de la juventud y de lxs laburantes. Aunque Osvaldo Jaldo y el Partido Justicialista intenten mostrarse como opositores a La Libertad Avanza, Jaldo sigue siendo uno de los gobernadores más fieles a la política represiva de Patricia Bullrich y Javier Milei, aplicada en la provincia con el apoyo de la UCR y demás partidos patronales.
A nivel municipal, el intendente Pablo Macchiarola (UCR) —sucesor de Mariano Campero— también avanza en esta línea. Mientras Campero, hoy diputado nacional, vota en el Congreso contra los jubilados y apoya todas las políticas antipopulares de Milei, Macchiarola aplica en Yerba Buena una política represiva y autoritaria de criminalización contra lxs trabajadores. Esto demuestra una vez más que el PJ y la UCR no son oposición a La Libertad Avanza: ejecutan la misma política represiva en la provincia.
La única salida es la organización independiente de lxs trabajadores y la solidaridad desde abajo para enfrentar y derrotar este régimen. Y decirlo con todas las letras: la policía no sirve para cuidarnos. No es un problema de “algunxs malxs policías”: toda la institución está podrida, al servicio de garantizar las redes más grandes de delincuencia, criminalizar a lxs pobres y proteger los privilegios de lxs ricxs. No existe reforma posible para algo que nació para reprimir. Hay que desmantelarla y construir nuestras propias formas de cuidarnos como pueblo.
Desde el MST y Periodismo de Izquierda, nos solidarizamos con lxs trabajadores de ATE y con lxs trabajadores de reparto. Estamos convencidxs de que, frente a la violencia y la crueldad de lxs de arriba, la clave es la unidad y la solidaridad de lxs de abajo. Ahí está la fuerza, no solo para derrotar este régimen autoritario y represivo, sino también para conquistar una vida digna de ser vivida para todxs.
Ángel Ruiz