El Gobierno le confirmó al Fondo Monetario Internacional que ya se encuentra trabajando en una ambiciosa reforma del sistema previsional y que la presentará en diciembre de 2026 ante el Congreso, al que Javier Milei le vetó este lunes por decreto un aumento a los jubilados y el descongelamiento del bono, entre otras leyes sancionadas para aliviar al sector más castigado por el ajuste.
«Estamos trabajando en la preparación de una revisión integral del sistema previsional, con el objetivo de mejorar su equidad y sostenibilidad. La iniciativa busca simplificar un sistema altamente fragmentado, mejorar la proporcionalidad entre aportes y beneficios, y fomentar la formalidad laboral«, dijo el equipo económico en el memorándum publicado el viernes, con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.
Según el documento, «se espera que un informe diagnóstico y de revisión del sistema sea presentado al Congreso a fines del próximo año (indicador estructural para fines de diciembre de 2026), a fin de asegurar una preparación adecuada dadas las múltiples complejidades que deben abordarse, y mantener la coherencia y el orden adecuado con cualquier reforma del mercado laboral«.
Sin más precisiones, la presentación ante el Fondo supone un cambio respecto a las declaraciones del Presidente del 10 de febrero pasado, cuando desmintió que trabajaran en una reforma jubilatoria. «Corre por cuenta del titular de ANSES, no es lo que está en carpeta, hasta que usted no arregle el problema laboral no puede ir al problema previsional», dijo Milei.
De esa manera, intentó desmarcarse del entonces titular de ANSES, Mariano de los Heros, quien ese mismo día fue despedido tras anunciar en la jornada previa que trabajaban en una suba de la edad jubilatoria, que el monto del haber iba a determinarse de acuerdo a los años aportados con garantía de un mínimo y que la reforma iba a ser presentada antes de fines de 2025.
Milei sostuvo que era «más urgente» pasar a la formalidad a los trabajadores informales porque eso permitiría, según él, duplicar los recursos y duplicar las jubilaciones. Desde noviembre de 2023, sin embargo, los asalariados privados formales se redujeron en más de 130.000, mientras los monotributistas crecieron en 85.000 y el empleo informal alcanza el 40% del mercado de trabajo.
Los cambios ahora en marcha se enmarcan en una «reforma del gasto», como indica el memorándum, para sostener el déficit cero. Según el Fondo, es necesario seguir tomando medidas para compensar los menores ingresos por la baja de retenciones a principios de año, así como el mayor gasto previsional derivado de la fórmula de movilidad.
El gobierno se comprometió a alcanzar un superávit fiscal primario del 1,6% en 2025 y del 2,2% en 2026. Para lograrlo, el FMI considera que es esencial que «el Ejecutivo continúe rechazando iniciativas de gasto no financiadas, especialmente dado que ya se proyecta un aumento del 7% en términos reales del gasto primario total para este año».
Los detalles de la reforma
Para los especialistas, la reforma en la que trabaja el equipo de Caputo apuntaría a homogeneizar, modificar o eliminar los más de 100 regímenes que existen, incluyendo los regímenes especiales, diferenciales, de insalubridad, cajas provinciales y las cajas profesionales, bajo la mira del FMI desde 2018. Y, por otra parte, instaurar un haber proporcional a los aportes y otro «asistencial» o básico universal.
«Se trata de una buena presentación de los objetivos de la reforma previsional, que sirve como expresión de deseos, pero admite diferentes tipos de reforma. En principio podría decirse que quieren eliminar regímenes especiales y, tal vez, cajas provinciales, que es complejo«, señaló Oscar Cetrángolo, economista y profesor de la UBA.
Respecto a la proporcionalidad entre aportes y beneficios, los especialistas creen que podría vincularse con algo similar a la Prestación de Retiro Proporcional, una medida que figuraba en la Ley Bases presentada en abril del año pasado pero que luego el oficialismo retiró y que luego fue planteada por De los Heros, antes de ser reemplazado por Fernando Bearzi, un hombre del ministro Caputo.
Tal como informó Ismael Bermúdez, la Prestación de Retiro Proporcional es una jubilación según los años aportados, con la garantía de un haber mínimo equivalente a la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo (en agosto ese mínimo es de $ $314.305). La idea es que quienes no tienen los 30 años de aportes porque los empleadores no los hicieron, reciban un ingreso menor.
«Está completamente en línea con lo firmado en abril pasado. Creo que esta bien formulado el objetivo, aunque por supuesto falta mucho trabajo para desarrollarlo y presentar una propuesta de reforma integral. Supongo que es hacer más transparente y equitativa la fórmula de cálculo del haber inicial«, dijo Rafael Rofman, economista del CIPPEC.
Según Cetrángolo, «aparecen las dudas sobre cuál es la proporcionalidad que hace sustentable al sistema y qué pasa con los trabajadores con pocos aportes». «No se dice nada de pisos de protección social para los informales pobres, la mejora que indican sería que el haber guarde proporcionalidad con los aportes. Por eso, para trabajadores con pocos aportes se requieren mínimos asegurados», agregó.
Desde que en marzo venció la moratoria y el gobierno no la renovó, la PUAM se convirtió en el único ingreso para los mayores con 65 años que no tienen 30 años de aporte y no trabajan. Por la extendida informalidad, más del 85% de los trabajadores y trabajadoras no reúnen los aportes requeridos para jubilarse porque los empleadores no los hicieron o porque trabajaron por cuenta propia.
Los haberes en general ya acumulan 8 años y medio de deterioro. Desde 2017 hasta julio de este año, la aceleración inflacionaria, los cambios de fórmula de movilidad en la gestión y el congelamiento actual del bono de $ 70.000 provocaron una pérdida del 40% del poder de compra de las jubilaciones en términos reales, según cálculos de Jorge Colina.
«Hace rato vienen liquidando un sistema previsional que ya no sirve porque se compone de jubilados muertos de hambre y un stock de juicios enorme en aumento. Estos dos años se licuó la jubilación mínima con el congelamiento del bono, son 5 millones de beneficios de la mínima y 1 millón de la PUAM sobre un total de 7 millones», dijo Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad.