La vulneración de derechos de la infancia se vincula con la pobreza que se calcula por los ingresos familiares, pero también por otros factores de orden estructural, como por ejemplo las carencias en infraestructura y servicios básicos. Un informe recientemente publicado por el Observatorio de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA) cuantifica el impacto de estas privaciones. Según el trabajo, denominado “Creciendo en contexto”, el 62,5% de los niños, niñas y adolescentes viven en barrios inseguros, el 35,4% habita en viviendas con graves déficits de infraestructura y el 25% no tiene acceso a servicios sanitarios adecuados.
En los estratos económicos más bajos, el porcentaje de chicos afectados por la inseguridad del entorno barrial alcanza el 80%.
Los efectos del hábitat deficitario no se limitan a las condiciones materiales, sino que también impactan de forma directa en la alimentación, el descanso o la educación, por ejemplo. Los efectos del hábitat deficitario no se limitan a las condiciones materiales, sino que también impactan de forma directa en la alimentación, el descanso o la educación, por ejemplo.
Si bien estos indicadores son consecuencia de problemas estructurales, la gravitación que tienen depende de determinados contextos socioeconómicos resultantes de las medidas de política económica que se aplican. El seguimiento que sobre el tema viene haciendo la UCA revela que entre 2017 y 2024 se habían logrado avances en materia de hábitat, pero el año pasado se registraron retrocesos muy marcados. El déficit sanitario pasó del 11,5% en 2022 al 22,5% el año pasado. El déficit de infraestructura, que era del 30,5% en 2022, llegó en 2024 al 35,4%, el mismo nivel que tenía en 2017.
Los autores del informe explican el alcance de la expresión “hábitat” para entender mejor y en profundidad su implicancia general. “El hábitat no debe entenderse solo como vivienda; implica adoptar una mirada integral, que contemple la calidad ambiental, el acceso a servicios básicos, la infraestructura barrial, la seguridad, el régimen de tenencia y la experiencia subjetiva del entorno habitado” se lee en el escrito.
El informe ensaya un análisis integrado que pone de manifiesto que los efectos del hábitat deficitario no se limitan a las condiciones materiales, como el hacinamiento, la precariedad extrema de las viviendas o un contexto barrial también con déficit notables, sino que también impactan de forma directa en la alimentación, el descanso o la educación, por ejemplo. Las privaciones en materia de infraestructura urbana básica, entonces, además del impacto directo del entorno para el desarrollo, gravita también en el desarrollo físico, emocional y educativo de la infancia.
En sus consideraciones finales, el informe da pautas de los desafíos a encarar para el abordaje de esta problemática desde una perspectiva transformadora: “Se vuelve urgente fortalecer políticas públicas orientadas a garantizar un hábitat digno, seguro y saludable, con prioridad en los territorios más rezagados. El hábitat no es un aspecto periférico del bienestar infantil: es la base sobre la cual se construyen -o se frustran- derechos, trayectorias vitales y oportunidades futuras”.