La ministra de Seguridad volvió a estar en el centro de la polémica este martes con la publicación de dos resoluciones en el Boletín Oficial (BO). Una de las resoluciones implementadas, destaca la creación de un protocolo para la actuación de agentes encubiertos y reveladores digitales –en criollo, un ejército de infiltrados se moverán en las redes sociales–.
Este protocolo habilita a estos agentes a infiltrarse en redes sociales y otras plataformas digitales con el objetivo de investigar delitos complejos. Como parte de esta estrategia, los agentes podrán crear identidades ficticias, las cuales estarán registradas oficialmente en el Renaper, lo que les proporciona una cobertura legal para sus actividades encubiertas.
La otra resolución establece un consejo académico para la formación de los agentes encubiertos, quienes estarán bajo la supervisión de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, creada previamente, creada por Bullrich mediante la resolución 1253. Esta unidad fue concebida con múltiples objetivos: seleccionar agentes con aptitudes específicas dentro de las fuerzas federales, crear una base unificada de infiltrados, supervisar la capacitación en esta especialidad y fomentar el uso de agentes encubiertos en operaciones. La dirección de la unidad quedó en manos de Graciela Valeria Kowalewsky, quien, al igual que la vicepresidenta Victoria Villarruel, se formó en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry.
Estas medidas han suscitado críticas debido a los riesgos que implican para la privacidad y las libertades individuales. La posibilidad de que agentes encubiertos puedan operar en redes sociales y crear identidades falsas plantea serias dudas sobre el respeto a la intimidad de las personas y el potencial uso indebido de estas facultades por parte de las fuerzas de seguridad. Fernando Soto, director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, reconoció que estas actividades podrían llevar a violaciones de la Ley de Inteligencia, aunque intentó justificarlas afirmando que los agentes actúan en el marco de la prevención de delitos y no violan derechos esenciales.
Para el plan de Milei, más y más represión
Además de las medidas mencionadas, el gobierno, a través del Decreto 383/2025, ha reformado el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgando mayores libertades a los efectivos policiales. Esto incluye la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial en casos donde existan fundamentos para sospechar de la comisión de un delito y la persona no pueda acreditar su identidad. Asimismo, la PFA está autorizada a realizar requisas personales sin autorización judicial en situaciones específicas, como en operativos de prevención en lugares públicos. También se permite el ciberpatrullaje en redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, bajo el supuesto objetivo de prevenir delitos.
Los diputados del PTS-FITU Nicolás Del Caño y Christian Castillo vienen realizando una durísima crítica contra el decreto 383/2025: “Es la liquidación de las garantías constitucionales”. Con la excusa de la «modernización» buscan dar un salto en instaurar un régimen autoritario y represivo que, sumado al fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner, también sea de proscripción política. Un verdadero régimen neolibertador al servicio del imperialismo y el Fondo Monetario Internacional.
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Las reformas policiales de Patricia Bullrich no llegan en cualquier momento: se dan en el marco de un crecimiento de los conflictos entre trabajadores y sectores populares como puede observarse en las últimas semanas. La falta de controles judiciales y el aumento de las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad son percibidos como un riesgo para la ciudadanía, especialmente para aquellos sectores más vulnerables y propensos a ser víctimas de abusos policiales.
Desde el CELS y Correpi vienen alertando por las «amplísimas facultades» para detener de modo «discrecional» y que se habilita la «persecución política». Myriam Bregman, dirigente del FIT-U y presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), sugiere mirar el contexto de disputa dentro del oficialismo para entender por qué Bullrich no deja de avanzar casilleros. “Todo indica que hay una interna feroz en el Gobierno, donde cada sector se arma su propio grupo de inteligencia y eso es muy peligroso –más allá de que, en este contexto de ajuste y donde los niños y niñas pasan hambre, es una ofensa mayor que gasten millones en su pequeña guerra de bolsillo y servicios para perseguir y espiar. Esto demuestra que el Gobierno está debilitado”.
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