El fiscal del jury, Augusto Barros, ofreció como prueba testimonial de la acusación que hizo contra el fiscal de Instrucción nº5, Hugo Costilla, al fiscal general Alejandro Gober y al fiscal federal Rafael Vehils Ruiz. Lo hizo para que expliquen en detalle algunos de los puntos por los cuales Costilla podría ser destituido: Barros lo acusó de no haber informado a sus superiores los pormenores de una causa sensible y le recriminó su actitud por no haber prestado colaboración con la Justicia Federal cuando esta lo solicitó por escrito. También se ofreció el testimonio del empresario Cristian Guillou, quien fue imputado por Costilla y finalmente sobreseido.
2-3.jpg
Barros acusó a Costilla por mal desempeño de sus funciones en el marco de la investigación de la ‘Causa Wika’. Además de recriminarle su trato «preferencial» para con el ‘trader god’ Edgar Adhemar Bacchiani, Barros reprochó que el fiscal de Instrucción decidió enviar a archivo la denuncia del empresario Guillou contra Bacchiani sin haberle informado a sus superiores.
«El encartado omitió de forma sistemática requerir la ratificación de denuncias con relevancia penal; producir pruebas mínimas en causas de presunta estafa y vaciamiento patrimonial; derivar a la Justicia Federal causas con elementos que hacían presumir la comisión de delitos de competencia nacional; y comunicar sus decisiones a sus superiores jerárquicos, pese a tratarse de una causa de alto impacto institucional», enfatizó Barros. En tal sentido, consideró que la causa de Adhemar Capital es posiblemente «la causa penal más significativa de la historia reciente en Catamarca» y señaló que su dimensión económica y social «la convirtieron en una causa paradigmática, imposible de desconocer para cualquier funcionario judicial de Catamarca».
Acusó Barros: «Resulta absolutamente inadmisible que el fiscal Costilla haya solicitado el archivo de la denuncia promovida por Guillou sin haber informado previamente a sus superiores jerárquicos y sin haber remitido las actuaciones al fuero federal, pese a que la propia parte denunciante lo solicitó en reiteradas oportunidades. No puede soslayarse que Edgar Bacchiani ya se encontraba imputado y procesado en la causa federal por maniobras vinculadas precisamente al inmueble ‘Wika’ y a las operaciones simuladas denunciadas por Guillou. Pese a ello, Costilla no solo desoyó los pedidos de remisión, sino que optó por requerir el archivo bajo fundamentos que fueron luego tachados de ‘precarios y apresurados’ por el juez de control». Lo hizo al recordar que el juez Marcelo Sago le había recriminado a Costilla que no siguiera esas líneas en su investigación.
«Este apartamiento deliberado del deber de informar a sus superiores no puede ser considerado un error administrativo ni una simple omisión de trámite. Se trató de una decisión funcional con implicancias institucionales graves: al sustraer de la supervisión jerárquica un caso de trascendencia manifiesta, el fiscal Costilla impidió que la Fiscalía General evaluara adecuadamente el curso de la investigación y definiera, en su caso, una línea de acción acorde con la política criminal del Ministerio Público», insistió el fiscal Barros.
Banda de los usurpadores
El Ministerio Público informó que en el marco de la causa de ‘La banda de los usurpadores’, en la que se investiga una supuesta asociación ilícita liderada por Mario Rodrigo del Campo, el fiscal Costilla le tomó una ampliación de la declaración a los imputados Aldana Soledad Santiesteban, Ramón Eduardo Dábate y Ramón Rafael Rodríguez, recibió una ampliación testimonial de la martillera María Jaime, propuesta por Grisel Gordillo, y realizó un careo entre Gordillo y el coimputado José Werfil Vega.
Por otra parte, respecto de la notificación preventiva que realizó Costilla a 34 personas, la Fiscalía insistió en que esto «no implica una imputación formal, pero responde a la necesidad de que estas personas tomen conocimiento de que se encuentran mencionadas en los procesos ejecutivos, ya sea como letrados o como titulares de crédito, lo que hace necesario que puedan ejercer sus derechos y participar de los actos de la investigación penal preparatoria».
Costilla había pedido que una de las personas notificadas fuera el extinto abogado Luis ‘Pichón’ Gandini, que falleció en 2020. En tal sentido, el MPF aclaró que «su inclusión en los actos procesales tiene como finalidad verificar formalmente su defunción, ya que esa constatación permitirá al fiscal requerir documentación complementaria, en particular firmas contemporáneas a la fecha de su fallecimiento y a la presentación de determinadas demandas». «Dicha documentación resultará fundamental para una eventual pericia caligráfica, destinada a determinar la autenticidad de firmas incorporadas en los expedientes ejecutivos», explicaron. De igual manera, con una búsqueda en Google de «Luis Armando Gandini» alcanza para corroborar que muchos sitios web han informado sobre su fallecimiento.