El fiscal del jury, Augusto Barros, acusó al fiscal de Instrucción nº5, Hugo Costilla por mal desempeño e incumplimiento de sus deberes por lo que consideró que fue una «persecución arbitraria» contra el empresario Cristian Guillou y un «trato funcional privilegiado» con el ‘Trader God’ Edgar Adhemar Bacchiani y su entorno, en el marco de la que se conoció como la ‘Causa Wika’. Ayer, el Tribunal de Enjuiciamiento rechazó el intento de recusación que Costilla había hecho sobre el fiscal del proceso, por lo que resta conocer la fecha de inicio del juicio.
Barros presentó formalmente la acusación contra Costilla y anticipó que pedirá su destitución en el eventual juicio que debería empezar, según estimación de los plazos, a fines de septiembre. Le endilgó un mal desempeño de sus funciones y el incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo, en el contexto de lo que consideró un «patrón de conducta funcional que se considera violatorio de los principios de legalidad y objetividad, una omisión deliberada de investigar delitos de trascendencia institucional», entre otros puntos, incluyendo su falta de colaboración con la Justicia Federal.
Barros puso especial foco en el «apartamiento reiterado de los principios éticos fundamentales que deben orientar el desempeño del Ministerio Público Fiscal», y no pasó por alto el hecho de que pesara sobre Costilla una denuncia formal ante la Secretaría de Sumarios del Poder Judicial por «presuntas vinculaciones extraprocesales con el financista Bacchiani, en razón del auspicio económico que su firma prestaba al equipo de fútbol amateur en el que Costilla participaba activamente».
El fiscal Barros recordó que Costilla intentó el archivo de la denuncia que el empresario Cristian Guillou realizó sobre presuntos ilícitos cometidos por Edgar Adhemar Bacchiani, «consistentes en operaciones fraudulentas de transferencia de bienes muebles e inmuebles, ocultamiento patrimonial a través de terceros y maniobras tendientes a evitar el cumplimiento de obligaciones asumidas con inversores y acreedores». «Tales conductas fueron puestas en conocimiento del fiscal Costilla mediante múltiples presentaciones, acompañadas de prueba documental, referencias a testigos presenciales y actuaciones notariales con irregularidades manifiestas», indicó Barros, que acto seguido cuestionó el hecho de que Costilla «no ordenó ninguna medida de prueba relevante».
«Se denunció que varias de las cesiones de derechos sobre inmuebles registrados a nombre de Bacchiani se realizaron en fechas coincidentes con la vigencia de inhibiciones generales dispuestas en sede federal y que las escrituras y actas utilizadas para instrumentar dichas transferencias presentaban defectos formales graves, tales como ausencia de firma del oficial público, foliaturas incompletas, caligrafías disímiles y omisiones que comprometían su validez como instrumentos dotados de fe pública. Costilla no ordenó ninguna medida de prueba relevante: no se requirió información a registros públicos, no se convocó a los presuntos testaferros, no se analizaron los instrumentos notariales cuestionados ni se dio intervención al Colegio de Escribanos pese a constar en la causa una inspección extraordinaria que había detectado irregularidades graves en la Escribanía Gandini, lugar donde se documentaron las operaciones denunciadas. Costilla solicitó el archivo y desestimación de la denuncia argumentando genéricamente la inexistencia de delito y cuestionando con expresiones peyorativas y subjetivas la motivación del denunciante, sin siquiera haber valorado toda la prueba reunida», reparó Barros y recordó que esa solicitud de archivo fue rechazada por el juez de Garantías Marcelo Sago, quien además lo apartó del expediente.
Barros insistió en que Costilla no solo omitió verificar datos básicos, como la fecha efectiva de inhibición de Bacchiani, sino que tampoco impulsó el cumplimiento de medidas de prueba dispuestas por la propia Fiscalía, «ni atendió el pedido expreso de remisión de actuaciones al fuero federal, en abierta contradicción con las normas procesales vigentes».
Según Barros, existía prueba abundante para avanzar sobre los posible delitos de falsedad ideológica de instrumento público, desbaratamiento de derechos acordados e insolvencia fraudulenta. «La conducta del Fiscal Costilla, al solicitar el archivo sin agotar la mínima actividad investigativa y en contra de los principios de objetividad y legalidad que rigen su función, configura una omisión funcional grave. Más aún, se vio agravada por su negativa sistemática a remitir la causa a la Justicia federal, pese a la existencia de elementos que comprometían la competencia nacional en materia de lavado de activos y delitos económicos complejos», remarcó.
Por otra parte, le recriminó también la incorporación de Alejandro Segli como «participante activo» en la denuncia que tenía en contra el empresario Guillou, sin que este fuera querellante. «Segli no figuraba como denunciante, no se había presentado con patrocinio para solicitar ser admitido como querellante, no ofreció prueba ni prestó declaración y tampoco era titular de un derecho directamente afectado», apuntó.
Por último, le recriminó no haber informado de sus actuaciones a sus superiores, especialmente al tener conocimiento de que manejaba una causa «de marcada repercusión social, económica e institucional». «El caso denunciado por Guillou no solo reunía esas características, sino que se encontraba inescindiblemente ligado a la causa penal más significativa que haya tramitado en la historia reciente de Catamarca: el proceso federal seguido contra Edgar Adhemar Bacchiani por estafas multimillonarias, asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. Dicha causa fue ampliamente difundida por medios nacionales y locales, originó cientos de denuncias en la provincia, movilizaciones de damnificados, cobertura mediática constante y múltiples pedidos de informes institucionales. Su dimensión económica y social la convirtieron en una causa paradigmática, imposible de desconocer para cualquier funcionario judicial de Catamarca», remarcó.n
La denuncia de Garcés Rusa, sin ratificar
Barros dedicó un apartado especial a la imputación que recibió Guillou, basada en una denuncia de la exesposa de Edgar Bacchiani, Zaraive Garcés Rusa. «Costilla dio inicio a una investigación penal por usurpación, dictó decreto de determinación del hecho e impulsó la imputación de Guillou sin haber cumplido con un mínimo control formal sobre la autenticidad y validez de las presentaciones que obraban como fundamento del proceso», cuestionó.
En este sentido, destacó los fundamentos que el juez de Garantías Lucas Vaccaroni esgrimió al dictar el sobreseimiento del empresario. Barros remarcó que Garcés Rusa «jamás fue citada por la Fiscalía para ratificar su denuncia, ni para prestar declaración, ni para reconocer su firma o acreditar su identidad como compareciente».
«La denuncia había sido presentada por un abogado que dijo actuar como su apoderado, pero el poder invocado no contenía facultades para formular denuncias penales. Pese a ello, el fiscal Costilla consideró válidas las actuaciones y avanzó en la persecución penal contra Guillou. Posteriormente, Garcés Rusa declaró ante otra autoridad que nunca concurrió a radicar dicha denuncia, que desconocía su contenido y que fue presionada bajo amenazas», advirtió.