Una nueva polémica salpica el ámbito político de Valle Viejo luego de que se conociera que Lucas Alberto Cisternas, actual presidente del Concejo Deliberante del departamento, fuera denunciado penalmente por la presunta desaparición de un expediente. La denuncia fue formalizada el 27 de junio de 2025 por Ángel Emanuel Barrios, presidente de la Juventud Radical de Valle Viejo.
El documento extraviado contenía el pedido de juicio político contra la Intendente Susana Zenteno, presentado por vecinos de Valle Viejo. Según relata el denunciante, esta nota había sido recibida y sellada en la mesa de entradas del CD el día 26 de junio de 2025, con número de entrada 123. Sin embargo, como consta en la denuncia, durante la sesión ordinaria de esa misma fecha, se informó verbalmente que el expediente «no existía», negándose su existencia y omitiendo todo trámite legislativo.
Sin embargo, como consta en la denuncia, cuando el concejal Gerónimo Cabrera (UCR) solicitó que se dé lectura a un documento del 19 de junio, se le informó de manera verbal que el expediente “no existía”, a lo que Cabrera increpó “¿Se cajoneó el expediente? Es un expediente que tiene 16 fojas, con las firmas de los vecinos que solicitan la destitución. Exigimos que se presente y se dé lectura”.
Esta situación generó un fuerte cruce con el presidente Cisternas, quien respondió que “se investigará la pérdida del expediente porque en el año y medio que llevo ejerciendo nunca se perdió nada en este Concejo”. Barrios calificó esta situación no solo como una «grave irregularidad administrativa», sino como una «conducta penalmente reprochable que sugiere una maniobra deliberada para entorpecer el proceso de control institucional».
La denuncia invoca los artículos 293, 248 y 277 del Código Penal, relacionados con la sustracción, destrucción u ocultamiento de documento público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, y encubrimiento, respectivamente.
Además, argumentan que “el Sr. Cisternas, como presidente, tiene la responsabilidad administrativa, legislativa y reglamentaria sobre el cuerpo y su documentación, por lo que la desaparición constituye una acción u omisión gravemente lesiva de sus deberes funcionales, lo que podría acarrear responsabilidad penal”. Por otro lado, manifestaron que “esta acción afecta el derecho constitucional de peticionar a las autoridades, obstaculizando el tratamiento de una petición colectiva legítima y vulnerando derechos cívicos fundamentales”.
Juicio político
El pedido de juicio político contenido en la nota desaparecida se fundamentaba en el «incumplimiento de los deberes de funcionaria pública» por parte de la Intendente Susana Zenteno, alegando que había dejado «acéfalo el Municipio tanto en el año 2024, como recientemente desde el 22 de mayo de 2025», y por el incumplimiento de la Carta Orgánica sobre ejecución presupuestaria.
Finalmente, el pedido contra Zenteno fue desestimado, luego de que en la votación nominal, el bloque oficialista integrado por Lucas Cisternas, Franco Iramaín y Camila Morabito votara a favor de archivar la causa, mientras que el concejal radical Gerónimo Cabrera se expresó en contra y el libertario Franklin Medina se abstuvo.