Crímenes temerarios

El caso del niño Thiago Correa, que falleció baleado por un policía que no estaba prestando servicio cuando les disparaba a delincuentes, reabrió el debate sobre el uso de armas por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad que terminan con inocentes muertos. El caso es muy grave y la situación judicial del efectivo, identificado como Facundo Aguilar Fajardo, es más que complicada. Está imputado por homicidio simple con dolo eventual.

Lo que debe señalarse con énfasis, para comprender que no se trató de un hecho aislado y que por lo tanto amerita una posición clara y contundente de parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo, es que las estadísticas indican que hay en los últimos cinco años por lo menos 89 personas fallecidas en circunstancias similares, de los cuales 6 son niños y 59 adolescentes. Así lo señala un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales.

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Hay otros estudios que ofrecen número en el mismo sentido y que justifican el pedido de algunas organizaciones en el sentido de restringir el uso de armas a policías que no estén prestando servicio. Un trabajo realizado por la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) en conjunto con el Instituto de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencia En Foco, confirma el número de 89 muertos por balas policiales de efectivos fuera de servicio, y agrega que en el mismo periodo se produjeron otros 17 casos protagonizados por agentes en servicio y 10 más por parte de cadetes o policías retirados.

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional añade estadísticas focalizadas en la Ciudad de Buenos Aires. «De un total de 21 casos de gatillo fácil registrados en el último año, sólo en un caso el policía estaba en funciones. Los otros 20 hechos ocurrieron con el funcionario fuera de servicio, pero con el arma reglamentaria», señala un informe de la Coordinadora.

La actitud de policías disparando su arma reglamentaria en ámbitos públicos donde hay muchas personas que corren riesgo es el primer problema de magnitud que se aprecia. No pueden los efectivos de seguridad, para capturar a ladrones, disparar de un modo temerario. Pero en la práctica ocurre permanentemente, como las estadísticas lo ponen en evidencia sin margen para la duda.

El otro problema que se advierte es que la mayoría de los casos ocurren con efectivos que se encuentran fuera de servicio como protagonistas, de modo que restringir el uso de armas en esa circunstancia sería un modo de prevenir la violencia institucional. Más estadísticas corroboran que las armas reglamentarias en manos de personal de las fuerzas de seguridad fuera de servicio son instrumentos de disparos accidentales, para consumar suicidios o crímenes no vinculados a situaciones de inseguridad.

La repetición permanente de este tipo de casos amerita que las autoridades vinculadas a las áreas de seguridad establezcan procedimientos menos laxos en el uso de armas de fuego. Muchos inocentes muertos son un fundamento contundente para acometer este desafío.