viernes, 23 de mayo de 2025 19:27
Los diputados del Frente de Izquierda presentaron un reclamo formal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por permitir que las fuerzas de seguridad utilicen las instalaciones del Congreso como “base de maniobras” para reprimir a jubilados y manifestantes que expresan su rechazo a las políticas oficiales. Desde el 15 de mayo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en el interior y alrededores del Congreso en tareas que los diputados califican como una militarización evidente y preocupante.
En un documento dirigido a Menem, los diputados expresaron su “repudio” por el uso de las dependencias del Congreso por parte de distintos pelotones de las fuerzas policiales, que se desplazan, organizan y pertrechan en las instalaciones para ejecutar acciones represivas, en particular contra quienes protestan cada miércoles por ingresos dignos y acceso a medicamentos. Además, responsabilizaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por avalar operativos que culminaron con heridas, incluyendo la pérdida de visión de un empleado de esa misma casa, Matías Aufieri, baleado por las fuerzas de seguridad durante una manifestación.
La denuncia señala que esta situación constituye una forma de “militarización del Congreso” y prohíben que sea utilizado como campo de batalla para reprimir a la población que ejerce su derecho a manifestarse. Los diputados también advirtieron que las acciones de las fuerzas de seguridad, que con frecuencia recurren a palos y gases lacrimógenos, son una política deliberada del Gobierno para reprimir la resistencia social y obstruir el derecho a reclamar por políticas sociales básicas.
Luego de la imposibilidad de la oposición para sesionar y debatir proyectos para mejorar la situación de los jubilados, en el último miércoles, las fuerzas de seguridad desataron una feroz represión contra los manifestantes en las inmediaciones del Congreso. Varios activistas resultaron heridos y tuvieron que ser atendidos por personal de emergencias.
Desde el FIT-Unitat reiteran su rechazo a esta política de criminalización de la protesta social y exigen el cese de la militarización del Congreso, además de defender el derecho de los ciudadanos a manifestarse sin temor a represión.