En la tarde de ayer, los Ministerios de Educación y Trabajo, Planificación y Recursos Humanos presentaron oficialmente el nuevo Régimen de Cobertura de Cargos Docentes en una reunión en la que también estuvieron presentes las entidades gremiales que nuclean a los docentes de la provincia.
Según indicaron desde los organismos públicos, es “una iniciativa estratégica que busca modernizar el sistema educativo, mejorar la gestión de recursos humanos y garantizar mayores niveles de equidad, legalidad y transparencia en los procedimientos de designación de cargos”.
Con nuevo régimen se derogan normativas anteriores y diversas resoluciones ministeriales, proponiendo un esquema más ágil y normado que regula integralmente la cobertura de cargos en todos los niveles del sistema educativo estatal y en parte del sistema de gestión privada.
La principal novedad es que los docentes podrán iniciar el trámite de alta en la misma Asamblea Pública de Cobertura de Cargos, lo que agilizará y simplificará la percepción de sus haberes.
Otros elementos claves de esta nueva normativa son: la prioridad en la reubicación de docentes en disponibilidad, garantizando su incorporación antes de que se habiliten cargos a otros aspirantes, la realización de asambleas con cronogramas trimestrales para garantizar publicidad y mayor concurrencia de aspirantes, la aplicación de criterios técnicos y pedagógicos para la organización de la Planta Orgánica Funcional (POF), atendiendo la matrícula real, el contexto territorial y la proyección demográfica de cada institución, la aplicación de controles sanitarios y administrativos para las suplencias prolongadas en el sector privado, buscando mayor equidad y previsibilidad.
En cuanto al Nivel Superior, establece un procedimiento de cobertura de cargos y horas cátedra con el objetivo de garantizar la publicidad, la transparencia y que permita la participación de una mayor cantidad de docentes interesados, en base al mérito y la oposición. Además, incluye plazos estrictos para cada intervención institucional y penalidades claras ante el incumplimiento de los procedimientos establecidos. n