El caso del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, desaparecido desde diciembre de 2024 en Venezuela, ingresó esta semana en una nueva etapa decisiva: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó dar curso a un juicio internacional contra el Estado venezolano.
La acción fue presentada por un equipo de más de 20 abogados de distintos países y liderada por el jurista mendocino Carlos Varela Álvarez, quien confirmó que se trata de un proceso judicial por desaparición forzada.
Varela Álvarez explicó que el Estado venezolano reconoció públicamente la detención de Gallo, pero desde entonces se niega a informar su paradero, configurando así una desaparición en términos del derecho internacional. “Está detenido, porque lo mostraron, pero al mismo tiempo está desaparecido. No se sabe dónde está, ni en qué condiciones”, sostuvo el abogado.
El testimonio de la esposa del gendarme, quien fue rechazada repetidamente en su intento por obtener información, refuerza la denuncia: “No tiene a quién recurrir. Ya nadie le contesta en Venezuela”, relató.
Además, el letrado criticó con dureza el accionar diplomático del gobierno argentino, al considerar que las gestiones bilaterales fueron ineficaces: “Cuando está en juego una vida, la diplomacia no puede limitarse a declaraciones cruzadas. Necesitamos acción concreta, no disputas verbales”, señaló.
En paralelo, anticipó que pidió formalmente al Estado argentino que se sume al proceso como amicus curiae, una figura que permitiría al país tomar una postura oficial ante la CIDH.
El proceso impulsado ante la OEA tiene un alcance mayor que las medidas cautelares dictadas anteriormente. “Esta ya no es una advertencia: es una acusación formal por desaparición forzada. Venezuela debe responder sí o sí”, aseguró Varela Álvarez. La CIDH, al tratarse de un caso que involucra tortura o desaparición, habilitó un tratamiento acelerado, que podría derivar en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.