sábado, 19 de abril de 2025 20:40
El nuevo acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) requiere de una serie de «compromisos» para el Gobierno de Javier Milei, que incluyen criterios más estrictos, como las metas fiscales y de reservas, así como reformas estructurales en diversas áreas.
Entre las exigencias del organismo multilateral se encuentra la publicación de una evaluación sobre las empresas que podrían ser privatizadas, de acuerdo con la Ley de Bases.
Este análisis debe ir acompañado de un plan para llevar a cabo el proceso, con un plazo inicial establecido para finales de septiembre. Sin embargo, el entendimiento firmado por Argentina extendió este compromiso hasta mediados de noviembre, después de las elecciones legislativas.
Para esa fecha, el Gobierno se comprometió a cumplir con varias acciones. En primer lugar, debía publicar un informe sobre las empresas estatales bajo la Ley de Bases, junto con una hoja de ruta para su privatización y concesiones, elaborada por la Agencia de Transformación de las Empresas Estatales, dirigida por Diego Chaer.
Además, el Gobierno debe establecer directrices que aseguren un proceso de privatización eficiente y transparente para las empresas estatales incluidas en la Ley de Bases.
Las empresas que podrían ser privatizadas, según esta ley, son Energía Argentina e Intercargo. Por otro lado, el Gobierno también podría transferir acciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y del Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aunque el Estado nacional debería mantener la participación mayoritaria.
También se incluyó a AYSA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales como sujetas a privatización o concesión.
El FMI reconoció que el Gobierno ya había comenzado a desprenderse de empresas estatales como parte de su agenda de desregulación y reformas de mercado. Entre las decisiones tomadas, se encuentran la venta de acciones de Intercargo, la privatización de Corredores Viales y Belgrano Cargas, así como la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en una sociedad anónima.
Según los medios, el Ejecutivo tiene listo un decreto para privatizar Energía Argentina.
En su informe de gestión al Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció sobre las privatizaciones y resumió la postura del Gobierno: «El Estado no es empresario. Ese rol puede ser mejor asumido por el sector privado».
Al brindar detalles sobre algunos de los procesos de privatización, Francos mencionó que varios procedimientos se encontraban en etapa de análisis, incluyendo la incorporación de capital privado a Nucleoeléctrica.
Asimismo, destacó que la Subsecretaría de Transporte Ferroviario está trabajando en el diseño de la documentación necesaria para convocar a licitación pública nacional e internacional para la concesión de los servicios públicos de transporte ferroviario.
Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de privatizar Correo Argentino, Francos recordó que la empresa fue creada en 2004 por un decreto que ya indicaba la intención de privatizarla en un plazo de 180 días. «Ese plazo se renovó periódicamente, por lo que hoy se podría avanzar con un nuevo proceso de concesión, estipulado en los decretos mencionados», concluyó el informe del funcionario.