Según el último informe del INDEC, la tasa de informalidad laboral llegó al 42%, un poco por encima del 41,4% que se registraba en diciembre de 2023. Las estadísticas corroboran que el problema del trabajo “en negro” en la Argentina es de muy larga data y que se mantiene bastante estable, con algunas pocas variaciones, desde hace mucho tiempo. Que el 42% de los trabajadores estén no registrados significa, cuantitativamente hablando, que 9 millones de personas trabajan con sus derechos laborales vulnerados.
El universo estudiado abarca a 13,6 millones de personas ocupadas, que equivale a una tasa de empleo del 45,7% sobre una población de 29,8 millones de personas.
Son más las mujeres en esta situación de informalidad, y a nivel etario los más perjudicados son los jóvenes hasta 29 años de edad, que representan casi el 60% del universo de trabajadores informales.
Empleadas domésticas, trabajadores de la construcción, de hoteles y restaurantes y del comercio son los más afectados según la rama de actividad.
La informalidad laboral tiene consecuencias muy perniciosas para el trabajador en tanto vulnera derechos laborales básicos. Quien posee un trabajo registrado no tiene por lo general aportes previsionales, ni vacaciones pagas, ni obra social, ni sueldos de acuerdo con las paritarias acordadas según el sector laboral al que pertenezca.
Exigir a las empresas que registren a sus empleados de acuerdo con la ley sería un aporte concreto al combate contra la informalidad. Exigir a las empresas que registren a sus empleados de acuerdo con la ley sería un aporte concreto al combate contra la informalidad.
La moratoria previsional que el gobierno de Javier Milei dispuso que concluyera en marzo acercaba una solución a la falta de aportes, pues le permitía jubilarse a trabajadores que, teniendo la edad requerida por ley, no cumplía con el requisito de los 30 años de aportes. Los años faltantes los pagaba mediante descuentos que la ANSES le hacía a sus haberes previsionales.
El fin de la moratoria dejará en una situación muy difícil a personas que no tienen todos los años exigidos de aporte, no por una voluntad propia, sino porque los empleadores no las registraron como marca la ley.
Uno de los elementos informativos novedosos que arrojó la última Encuesta Permanente de Hogares, que es la que mide la informalidad laboral, es que casi un tercio de los trabajadores no registrados trabajan en empresas constituidas formalmente. Es decir, firmas existentes que no cumplen con la normativa vigente en materia de registración laboral y en las cuales se puede medir lo que se denomina el empleo “en gris”, por el que se paga una parte en blanco y la otra en negro.
El dato permite inferir que hay un déficit del Estado en el control para evitar la multiplicación de situaciones de esta índole. Exigir a las empresas que registren a sus empleados de acuerdo con lo que marca la legislación vigente sería un aporte concreto al combate contra la informalidad que restringe derechos reconocidos hace casi un siglo en la Argentina. Para el sector de personas que son cuentapropistas deben implementarse asimismo políticas que las incluyan y las ayuden a incorporarse a la formalidad.