Con el impulso de la oposición se aprobó en la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora y la interpelación de funcionarios clave del Gobierno, para poner bajo la lupa el escándalo internacional en el que se encuentra implicado el presidente Javier Milei por publicitar el lanzamiento de la fallida criptomoneda $LIBRA.
Sin embargo, gracias al respaldo de los sectores dialoguistas lograron que no fueran convocados ni la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ni el vocero Manuel Adorni. La comisión, que tendrá 24 integrantes, se constituirá el próximo 23 de abril. La última vez que se aprobó una interpelación fue en 1996.
El 14 de febrero pasado, el presidente Milei promocionó a través de un tuit en X el lanzamiento de la memecoin $LIBRA, en el marco de un millonario negocio transnacional defraudatorio en el cual participaron empresarios extranjeros y operadores locales, y que incluyó una trama secreta de coimas y tráfico de influencias de acuerdo con la principal línea de investigación que tramita tanto en la Justicia argentina como en la norteamericana. La comisión investigadora se aprobó en Diputados con 128 votos a favor, 93 rechazos y siete abstenciones.
Con 131 votos positivos y 96 negativos se aprobaron, además, las interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, para que den explicaciones oficiales el 22 de abril a las 14. Como única buena noticia del día para el oficialismo, no se logró el cometido del kirchnerismo, la izquierda y un sector de Encuentro Federal que pretendía interpelar también a la secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, y al portavoz presidencial, Manuel Adorni, quienes también están implicados en la «criptoestafa».
Si bien la figura de la interpelación indica a los funcionarios a concurrir a la citación, no están previstas sanciones en caso de que desistan, a excepción de Francos, cuya ausencia configuraría causal de juicio político para su destitución. La última vez que el Congreso había aprobado la interpelación de un ministro del poder Ejecutivo había sido en 1996, cuando el jefe de la cartera económica, Domingo Cavallo, fue el blanco de la arremetida opositora.
La creación de la comisión investigadora y las interpelaciones a funcionarios representan una nueva cachetada para el Gobierno, al que no le alcanzó con el apoyo del PRO y de la mayoría del bloque UCR (las excepciones fueron Julio Cobos y Fabio Quetglas) para neutralizar el arrinconamiento opositor.
El rol de los gobernadores que venían jugando parlamentariamente codo a codo con el oficialismo también hizo lo suyo.
Esta dura derrota llega en el marco de un cachetazo proteccionista que lanzó el presidente estadounidense Donald Trump, escenario que dejó a la economía argentina en una situación delicada; sumado a la derrota en el Senado, que rechazó los pliegos de los dos jueces propuestos por decreto para la Corte Suprema.
El diputado Miguel Ángel Pichetto, en su alocución, alertó que “los bufetes de abogados que están aglutinando damnificados van a venir por el Estado argentino a tratar de resarcirse por esa operación fraudulenta”.