Obra pública: empresas compiten con precios más bajos que los estimados en el presupuesto oficial
Por los recortes de Nación y el incentivo a los privados a competir, en Santa Fe los precios de los oferentes que compiten son 60% más baratos que antes
19/03/2025 – 02:02hs
En un contexto de recortes y suspensión de obras públicas, las principales licitaciones que abrió el municipio de Rosario, Santa Fe, registraron una destacable caída de los precios estimados que presupuestaba el Estado, estimándose ahorros que promedian el 35%. De acuerdo a los medios locales, el año pasado se realizaron 25 aperturas por debajo del presupuesto oficial, lo que generó un ahorro del 60% en total.
Acompañando estas bajas de costos para los contribuyentes y en beneficio de ellos, también se duplicó la cantidad de oferentes que se presentan con un 10%, 15% o hasta 20% de ofertas más baratas que las estimadas por el Estado.
Una de las obras públicas que estaban publicadas solicitó la instalación de luces LED para lo que se presupuestó más de $1.375 millones, y la oferta ganadora resultó la de una firma que presupuestó su servicio en $747 millones. Representando así un ahorro del 45%. En el caso de Rosario, la competencia de oferentes en las obras públicas no superaba las 5 firmas, pero ahora el panorama es distinto.
También se duplicó la cantidad de oferentes que se presentan
Otro ejemplo a citar es el caso de una licitación de infraestructura urbana para el barrio Tablada, presupuestada en $1.840 millones, pero que logró ser adjudicada en $1.387 millones. Casi un 25% por debajo de su valor inicial. Pero, ¿a qué se debe este auge que se traducirá en significativas sumas ahorradas para las arcas estatales?
Tanto en este caso en particular como a nivel nacional, la caída en las cifras presupuestadas para las obras públicas tiene que ver con el hecho de que Nación retiró completa -en algunos casos- y parcialmente la inversión en la obra pública. Por eso, muchas empresas que antes compulsaban por esos proyectos ahora están interesadas en ofertar y competir en precio para no perder la actividad.
Es decir que podría considerarse que, al eliminar el financiamiento estatal a las obras públicas, el trabajo haya caído y las empresas se estén abalanzando para ofertar en cada licitación que se publica, lo que se traduce en mejores ofertas para poder estar a la altura de la alta masa de competidores. Al menos, así lo explicó un funcionario de la provincia vecina.
En ese sentido, el secretario de Gobierno de Santa Fe, Sebastián Chale, habló con un medio rosarino y consideró que este proceso «confirma que se puede hacer obra pública, bajar costos y ser transparentes, porque el Gobierno nacional considera que la obra pública es todo lo que está mal y está asociada a la corrupción». Aunque también reconoció que las apreciaciones del presidente Javier Milei son correctas y que están ligadas a gestiones anteriores, «pero es algo que (ahora) también se puede hacer bien».
Modificaciones anteriores
A mediados de diciembre, el Gobierno instó a las universidades públicas, a través de tres decretos, a que la facturación de bienes y servicios se realice mediante plataformas que dependan del Ejecutivo. Esta medida se desprendió desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, con la finalidad de evitar las contrataciones discrecionales que, de acuerdo a fuentes cercanas al ministro, violan los principios básicos de la competencia y transparencia que deben cumplir las licitaciones públicas.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado
Al igual que los convenios interadministrativos que, en algunos casos, desde Nación denunciaron que nunca se habían concretado las exigencias solicitadas hacia las universidades, pero que sí se habían debitado de las arcas públicas sumas parciales o totales por esos servicios.
Así, se implicó la adopción obligatoria de los sistemas electrónicos que utilizan todas las dependencias del Estado nacional como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF). «Las universidades tienen autonomía total para definir cómo gastar su presupuesto y eso se respeta y nadie lo cuestiona. Pero los fondos a partir de los cuales funcionan son de la administración pública, que están aplicados dentro de la Ley de Administración Financiera», explicó el secretario del Ministerio de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.