La mañana del viernes 1 de marzo de 2024, el conductor de la aplicación Uber, Alejandro Borgogno (54) recibió una brutal golpiza por parte de remiseros, en la zona alta de la ciudad.
Cuando era agredido con golpes de puños y patadas, uno de los trabajadores del volante le sustrajo un reloj digital (smart watch).
El hecho, que ocurrió aproximadamente a las 11.30 cerca de Barrio Los Pinos, en avenida Illia y pasaje Río del Valle, derivó en una causa penal en la fiscalía de Instrucción N°6, a cargo de Facundo Barros Jorrat.
La agresión quedó registrada en video y en fotos realizadas por ocasionales transeúntes y poco después fueron arrestados cinco hombres: Ramón Alejandro Vielmetti (34), César Gustavo Navarro (35), Walter Jesús Cannata (35), Federico Gabriel Salguero (48) y Carlos Alberto Gualquifil (37).
Todos fueron imputados por “robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda”. Se les confirmó la detención, al tiempo que se producían más pruebas, se sumaban más videos y fotografías del hecho y, se peritaban los cinco celulares secuestrados a los sospechosos.
Luego de varias pericias los cinco quedaron en libertad, al tiempo que el damnificado, Borgogno, solicitaba que se les agrave la imputación.
A fines del año pasado y con la incorporación de nuevos elementos de prueba, se logró determinar el rol que tuvo cada uno de los acusados. La Fiscalía reformuló el decreto de determinación del hecho y Salguero, Cannata y Gualquifil fueron imputados por «lesiones leves en calidad de coautores».
Por su parte, Vielmetti fue imputado por «hurto calamitoso en calidad de autor».
En cuanto a Navarro, se pudo conocer que no habría elementos de prueba en su contra y que podría ser sobreseído.
Connivencia
Semanas antes del ataque y a través de los medios de comunicación, conductores de taxis y remises reclamaron por la proliferación de conductores de Uber al Ejecutivo Provincial y a la Municipalidad de la Capital, advirtiendo que mientras ellos pagan impuestos, deben hacer frente a una competencia desleal y sin ningún tipo de control.
Como respuesta, desde la Municipalidad agudizaron los controles de tránsito y, en contrapartida, crecieron los reclamos de usuarios y choferes de Uber por demoras en los viajes y el cobro de multas.
En este contexto es que el día del brutal incidente, varios choferes de esa aplicación aseguraron que momentos antes del ataque, personal de la Secretaría de Protección Ciudadana de la Capital -por entonces a cargo de Mariela Romero-, junto a personal de Tránsito Municipal, realizaron un operativo en las inmediaciones del lugar del hecho y minutos antes del altercado, los municipales levantaron el control y se marcharon liberando la zona.
Presuntamente, varios remiseros habrían tenido un acuerdo con los municipales para detectar, identificar y sancionar a los conductores de Uber.
Sin embargo, la golpiza a Borgogno no habría sido planificada como se dijo en un primer momento.
De acuerdo a la información a la que pudo acceder El Ancasti, a partir de la cantidad de elementos de prueba producidos, la Fiscalía N°6 comenzaría a investigar de oficio ya que se habría descubierto una posible connivencia entre el personal de Tránsito Municipal y grupos de remiseros.
“Fui a colaborar con unos amigos porque les estaban quitando los autos y lo único que hice fue dirigirme desde la plaza del barrio Los Pinos, por la calle Río del Valle, a atajar a los otros Uber (para) que no entren a la emboscada porque los estaban emboscando a todos. Y los que estaban emboscando con celulares eran taxistas y remiseros. Eran alrededor de seis o siete. Estaban pidiendo viajes truchos a diferentes lugares, que la mayoría eran al aeropuerto porque eran viajes de 7 mil pesos”, había indicado Borgogno.
Repercusiones
Luego del ataque, autoridades de la Federación de Taxis local comunicó que «acá tiene que actuar la Municipalidad y los legisladores porque no puede ser que nos estemos peleando pobres contra pobres. Si es tan complicado regularlo a Uber, que bloqueen la aplicación y listo. Nosotros seguimos pagando impuestos y dando de comer a más de 900 familias. Queremos seguridad».
Por su parte el intendente de la Capital, Gustavo Saadi anunció en marzo de 2024, que gestionará la revocación de las licencias de las personas que participaron de los hechos violentos. «Repudio enérgicamente los actos de violencia cometidos en el día de hoy a un vecino de nuestra ciudad por parte de propietarios de taxis y/o remises», manifestó.
A nivel político, varios dirigentes del arco opositor cuestionaron al Gobierno por la falta de regulación de la aplicación en Catamarca.
Actualmente hay conductores de taxis y remises que realizan viajes haciendo uso de sus licencias y de Uber, al tiempo que vehículos particulares también efectúan traslados con la aplicación.