Luego de que Javier Milei negó en el Foro de Davos la desigualdad de género y el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, amenazó con eliminar del Código Penal el agravante por motivos de odio en los asesinatos contra mujeres, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Federal rechazó –según se supo este viernes– una apelación del Gobierno nacional ante una medida cautelar que había dictado en diciembre un juzgado federal sobre la obligación del Estado de mantener los programas relacionados con la prevención, asistencia, acompañamiento y acceso a la justicia para sobrevivientes y familiares de la violencia de género.
La resolución dictada por la cámara se hizo pública este viernes, en el marco de una acción judicial iniciada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Mujeres x Mujeres y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, quienes en junio demandaron ante la justicia que les den certeza acerca de lo que pasará con los programas y políticas de género tras el vaciamiento del Estado que lleva a cabo La Libertad Avanza.
Soledad Deza, directora ejecutiva de Mujeres x Mujeres, cuestionó que Lavie Pico considerara que la apelación fuese un asunto de feria, ya que “era un guiño” que las demandantes sospechaban a favor del Gobierno, porque la apelación no encuadraba legalmente para tramitarse como tal. En ese sentido, ahora que el proceso continuará, Deza dijo que posiblemente planteen nuevos hechos o que las declaraciones de Milei en Davos también vuelvan más “transparente e incuestionable” lo que las organizaciones sociales le están pidiendo a la justicia, para que no se desmantelen las políticas de género y el Gobierno cumpla con los compromisos establecidos en las leyes nacionales e internacionales en este tema.
“No solo están vaciando las áreas de género en término de recursos humanos, sino que hay un desconocimiento oficial acerca de las obligaciones estatales respecto de la prevención y la sanción, pero sobre todo, de la prevención de la violencia”, agregó la abogada al referirse al último discurso de Milei en Davos, donde en una arremetida contra lo que la derecha llama la agenda woke -un término peyorativo para referirse al progresismo-, el libertario atacó al feminismo, a la población LGBT+, a las personas migrantes y al movimiento ambientalista, al punto de desatar dichos como que “la inclusión ya existe en las leyes de Occidente” y que el feminismo busca “privilegios”, y que las parejas homoparentales que adoptan son pedófilas.
Aunque en el proceso judicial que las organizaciones siguen contra el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia ha negado el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, al igual que el cierre de los 81 Centros de Acceso a la Justicia. Cúneo Libarona ha argumentado que “simplemente, y en uso de sus atribuciones, la actual gestión del gobierno ha procedido a reorganizar la estructura estatal y sus programas y organismos”. Deza señaló que el discurso de Milei demuestra todo lo contrario, al igual que las recientes posturas del titular de Justicia.
Cúneo Libarona publicó este viernes en X que eliminarán la figura del femicidio del Código Penal, porque como había dicho Milei en Davos, “el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra”. Además, el funcionario dijo que se había “usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre”.
ELA, otra de las organizaciones demandantes, revirtió con datos los dichos del Gobierno. Según ELA, todos los años, entre el 60 y 65 % de los femicidios han sido cometidos por las exparejas o las parejas actuales de las víctimas. Es distinta la violencia homicida que no es motivada por el género: de un registro de 2 mil homicidios cometidos entre 2017 y 2022, el 80 % de las víctimas fueron hombres, quienes predominantemente no conocían a su victimario.
“Tratar de la misma manera fenómenos distintos significa ignorar la evidencia, negar las desigualdades de género e incumplir de manera explícita las obligaciones asumidas por nuestro país. El femicidio es la forma más extrema de manifestación de la violencia por razones de género y el sostenimiento de políticas de abordaje y prevención resultan fundamentales para evitarlos. En ese sentido, es que la resolución judicial que le niega al Gobierno la habilitación de la feria judicial cobra mucha relevancia”, apuntó Julieta Izcurdia, directora del área jurídica de ELA.