La auditoría solicitada por el diputado provincial Tiago Puente (UCR) sobre la gestión de Enzo Carrizo en la ANSES reflotó las investigaciones que realizó el Gobierno nacional sobre la Administración Nacional de la Seguridad Social y en otros organismos que entregan pensiones, donde se descubrieron irregularidades en la entrega de estos beneficios.
La semana pasada, Puente presentó un pedido de auditoría de la gestión de Carrizo en la UDAI Catamarca (entre 2020 y 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández), en una nota que elevó a la Regional del organismo, en la persona de su titular, Myrian Juárez. Concretamente, el legislador pidió que se revise “la entrega de pensiones y beneficios previsionales otorgados durante la gestión de Carrizo, con especial atención en la validez de cada trámite y la detección de posibles irregularidades que pudieran afectar los recursos del sistema previsional”. Asimismo, solicitó que se investigue en forma particular la pensión otorgada a Camilo Carrizo, hermano de Enzo y primo de la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, quien comenzó a percibir una prestación previsional en ANSES desde mayo de 2023, después de dejar su cargo en la EC SAPEM.
El pedido del diputado tenía su fundamento en el informe de El Ancasti que dio cuenta sobre la pensión que recibió Camilo Carrizo, uno de los cuatro imputados y luego absueltos por el asalto a mano armada en Parque América, durante la gestión en ANSES de su hermano Enzo, quien es actualmente intendente de Saujil.
Esta solicitud de auditorías volvió a colocar a las gestiones en ANSES durante el kirchnerismo en el centro de las polémicas.
En junio del año pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había informado que una auditoría realizada por la gestión libertaria sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año.
En esa ocasión, se explicó que la auditoría, que fue encabezada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y el Ministerio de Salud de la Nación, reveló que durante los gobiernos kirchneristas sucedidos entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045, mientras que a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios, un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”, indicó Adorni en ese momento.
En esa ocasión, Adorni puso varios ejemplos de irregularidades en la entrega de pensiones. “En Chaco se encontró una misma radiografía de un hombre que fue presentada en 150 casos de pensiones por invalidez” advirtió el funcionario para luego afirmar que «en 2022, un médico correntino adjuntó junto al certificado para obtener la pensión por invalidez, una radiografía de un perro. Con una particularidad, se ve la colita del animal en la radiografía”.
Por estas irregularidades detectadas, el Gobierno nacional puso en marcha un operativo para que los beneficiarios de las pensiones den cuenta de si el beneficio fue bien otorgado. El operativo consistió en citar por carta documento a los beneficiarios para que se presenten en una oficina de la ANSES o un hospital público. En dicho lugar un médico iba a determinar el grado de discapacidad de la persona. A la fecha, no se conoce qué resultados tuvo ese operativo.
Cuando Puente solicitó la auditoría en la gestión de Carrizo, su par y presidente del partido La Libertad Avanza en Catamarca, Federico Lencina, advirtió que el pedido no era necesario porque «posiblemente esa investigación ya está en proceso».
«A un gobierno o gestión libertaria que incluye también los organismos nacionales no hace falta pedirle auditorías. Posiblemente ya están en proceso, se investiga. ¡Jamás estaremos a favor de los privilegios y mucho menos del choreo!», lanzó Lencina en su cuenta de Facebook.