Tal como lo había anticipado el gobernador Raúl Jalil, el Gobierno publicó el decreto acuerdo nº 1253 de 2024, con el cual decidió «prorrogar en todo su alcance por única vez y por el término de cinco meses» la vigencia de la Ley que declaró la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Educativa del Estado Provincial. La novedad se conoció ayer, pero rige desde el 1 de enero.
En paralelo, también prorrogó el decreto acuerdo nº 153/24, con el que se declaró el estado de emergencia en el servicio de energía, decreto que había sido motivo de serias disputas en la Legislatura. Con esto, la EC SAPEM está habilitada a pedir una revisión del VAD.
La ley prorrogada es la que impulsó los retiros voluntarios, dispuso que “no se podrán efectuar contrataciones o designaciones de personal”, exceptuando las áreas de salud, educación y seguridad; y propuso un programa que contemple el teletrabajo y el Expediente Electrónico. También fijó restricciones en materia de obra pública, señalando que el Ejecutivo podrá afectar recursos para la ejecución de obras nacionales ya iniciadas, priorizando viviendas, escuelas, hospitales, caminos provinciales y obras complementarias que se encuentren en ejecución.
Además, la ley restringió el otorgamiento de viáticos y la adquisición de bienes de capital y vehículos salvo en las áreas de Salud y Seguridad. De hecho, sobre este punto es que se realizó la denuncia de las camionetas 4×4 de alta gama en el Ministerio de Educación, ya que la oposición entiende que no existió justificación para el gasto.
Puntualmente en Educación, la Ley de Emergencia autorizó al Ejecutivo a la implementación de “medidas conducentes a eficientizar los recursos educativos, priorizando la conservación de los puestos laborales y calidad educativa, consensuando las políticas a implementarse dentro del marco paritario pedagógico docente”.
Emergencia energética
Con el decreto acuerdo nº 1251/24, el estado de emergencia en materia del servicio público de energía se prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año y se determinó que podrá volver a prorrogarse en caso de que el Decreto de Necesidad y Urgencia nº 55/23 del Poder Ejecutivo Nacional extienda el plazo. Con esto, la EC SAPEM quedó habilitada a solicitar la revisión tarifaria correspondiente al Valor Agregado de Distribución.
Para ello, el ENRE tendrá 10 días hábiles desde que EC SAPEM comunique su pedido para convocar a audiencia pública, debiendo resolver la autorización en un plazo no mayor a 5 días hábiles realizada la audiencia pública. Vencido el plazo fijado, si el ENRE no dicta la respectiva resolución, se considera aprobada en su totalidad la propuesta de la empresa.
El decreto acuerdo original es de febrero de 2024 y el oficialismo logró ratificarlo en septiembre, a pesar de que la UCR intentó rechazarlo en varias oportunidades. Ante el reclamo opositor por la fuerte suba de la tarifa provincial, el oficialismo defendió al Gobierno al señalar que solo se había recurrido a este sistema de actualización de emergencia en marzo y junio, y que mientras la inflación acumulaba un 89% a septiembre, el VAD había subido apenas un 50%. La oposición también cuestionó que este decreto anulaba la función del ENRE, ya que le limita el margen de acción.