Ávila denunció que las 4×4 de Educación son de «uso personal» de funcionarios

El diputado provincial Hugo Ávila (FAC) presentó una denuncia penal por la compra de cinco camionetas 4×4 de alta gama que fueron destinadas al Ministerio de Educación y, según denunció, son utilizadas para el uso personal de funcionarios. En tal sentido apuntó a la secretaria de Gestión Educativa, Anahí Perea, y presentó como prueba varias fotografías de la camioneta estacionada en el que sería el domicilio de la funcionaria. Pidió que la Justicia investigue si hay responsabilidad del ministro de Educación, Dalmacio Mera y de las autoridades provinciales por haber violado la ley de Emergencia Económica.

«Pareciera ser que el funcionariato de Raúl Jalil vive en una burbuja. Están totalmente alejados de la realidad del pueblo. Pido que se investigue la compra de camionetas de alta gama, modelo Volkswagen Amarok V6 por parte del Ministerio de Educación que conduce Dalmacio Mera. ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Educación de una provincia que está bajo una ley de Emergencia Económica declarada por ellos mismos, compre camionetas de alta gama que tienen una diferencia de precios enorme con las camionetas comunes, para funcionarios que las usan pura y exclusivamente para trasladarse de su domicilio al trabajo y para circular en la ciudad o cuestiones que son netamente personales?», se preguntó Ávila en un mensaje que difundió en sus redes sociales.

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Allí, tal como lo hizo en la denuncia, apuntó a la secretaria Anahí Perea. «Tiene el vehículo estacionado en su domicilio», reclamó el diputado y presentó en el expediente varias fotografías a modo de prueba.

Ávila consideró que el Ministerio de Educación debería tener otras prioridades para el gasto público. «Las condiciones edilicias de algunas escuelas han generado la obligación de recurrir a la virtualidad. Las necesidades de las escuelas del interior son visibles, se han padecido todo el año las carencias y el Ministerio aparece comprando camionetas de alta gama», reclamó.

«Por eso creo que la Justicia tiene que investigar los costos y precios de las mismas y tiene que dilucidar la responsabilidad de las autoridades al violar una ley que ellos mismos hicieron aprobar en la Legislatura», apuntó.

Ávila se presentó asesorado por la abogada Angelina Peressoni Pereyra, pidió que le permitan constituirse como querellante en la causa y que sean convocados a declarar como testigos el ministro de Educación, Dalmacio Mera, y el propio gobernador Raúl Jalil.

Informes

La semana pasada, el diputado provincial Fernando Baigorrí (MID) presentó un pedido de informes en la Legislatura por la compra de estos vehículos, que asciende a la cifra de 350 millones de pesos. El diputado anticipó que además presentará el escrito directamente en Casa de Gobierno y otro ante el Tribunal de Cuentas, ya que la Cámara baja se encuentra en receso. También cuestionó que el Ministerio está incumpliendo la ley de emergencia económica y aseguró que no existe justificación para semejante compra.