El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó su período ordinario de sesiones a principios de noviembre sin tratar la solicitud de la ex presidenta, quien busca revertir su condena e inhabilitación para poder ser candidata. La defensa sostiene que el planteo incluye tres medidas cautelares que podrían ser consideradas en cualquier momento.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cerró su calendario ordinario de sesiones a principios de noviembre sin tratar ni emitir un dictamen sobre el reclamo presentado por los abogados de Cristina Kirchner para que se revierta su condena y pueda ser candidata. La decisión posterga el tratamiento del planteo, que podría ser considerado el año próximo.
En paralelo, la defensa de la ex presidenta sostiene que la presentación está acompañada de tres medidas cautelares que podrían ser tratadas en cualquier momento. Cristina Kirchner se encuentra inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por la condena en la causa Vialidad, que también le impuso seis años de prisión. Fue excluida del padrón electoral en cumplimiento de ese fallo y cumple arresto domiciliario en San José 1111.
Además, enfrenta dos juicios más: el caso Cuadernos y el de Hotesur – Los Sauces. Si es condenada en esas causas, las penas se sumarán a las que ya acumula una vez que sean confirmadas por la Corte Suprema.
La presentación de Cristina Kirchner
Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego Borrego presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un planteo en el que denuncian presuntas violaciones sustanciales al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), acreditan el agotamiento previo de las instancias judiciales en el país y solicitan la adopción de medidas cautelares urgentes.
El reclamo de fondo está acompañado de tres medidas cautelares que buscan atacar tres aspectos puntuales: el derecho a votar y ser elegida, el derecho a un juicio justo y el derecho a la revisión amplia de la condena. La presentación sostiene que el proceso penal tuvo como finalidad última la «proscripción electoral de la expresidenta para impedir futuras candidaturas electorales», y señala que la pena de inhabilitación perpetua impuesta constituye una restricción ilegítima y desproporcionada de sus derechos políticos.
Respecto del derecho a un juicio justo, los abogados sostienen que se le imputó una responsabilidad penal por «actos de gestión administrativa que no le correspondían en el marco constitucional», lo que habría privado a la imputada «de una adecuada defensa técnica». Piden ante la ONU que intervenga un «tribunal competente, independiente e imparcial» y denuncian una presunta «violación de la garantía del juez natural, la utilización de maniobras de asignación irregular de expedientes (forum shopping) y la existencia de vínculos personales estrechos entre jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores, configurando tribunales carentes de imparcialidad».
En cuanto al derecho a la revisión amplia de la condena, la defensa cuestiona que la Cámara Federal de Casación Penal no realizó un examen auténtico ni un control judicial efectivo sobre los agravios planteados en el recurso de casación, desvirtuando la garantía del doble conforme. También cuestionan la «operatividad del sistema judicial recursivo», haciendo foco en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino con una integración reducida a sólo tres ministros y en que un magistrado recusado intervino en la resolución de su propia recusación. Para los abogados, la vía recursiva quedó definitivamente clausurada el 10 de junio de 2025 con la resolución dictada por la Corte Suprema, «quedando expedita la competencia del Comité de la ONU».
Qué hace el Comité de Derechos Humanos de la ONU
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, compuesto por expertos independientes, es el encargado de supervisar la aplicación y el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo han ratificado.
Una vez ingresado el planteo, el Comité no emite un dictamen inmediato ni trata el fondo del asunto en la sesión inmediata. El procedimiento exige dar traslado al Estado denunciado para que presente sus observaciones sobre admisibilidad y fondo, otorgándole a la defensa la oportunidad de responder, un trámite que suele demorar entre dos y tres años.
Según la información oficial, el período de sesiones ordinarias de otoño del Comité de Derechos Humanos concluyó sus actividades formales a principios de noviembre. Con el cierre de esta tercera y última sesión del calendario anual, se reanudarán el próximo período ordinario de sesiones, previsto para el primer trimestre del próximo año.
Las medidas cautelares solicitadas buscan la suspensión de la inhabilitación perpetua, la integración del tribunal de casación constitucional y la modificación de las condiciones de la prisión domiciliaria.
Fuentes judiciales señalaron que la condena fue confirmada por la Corte Suprema y que la decisión del Comité de la ONU no es vinculante ni puede interferir en la Justicia argentina. La inhabilitación especial, explicaron, es «consecuencia directa del delito cometido y corroborado por todas las instancias judiciales». Asimismo, recordaron que en las diversas instancias de apelación, desde que el Tribunal Oral Federal 2 dictó la sentencia condenatoria, «jamás fue apelada por la defensa, la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos», contemplada en el Código Penal.