El juicio contra el exintendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, entró en su etapa final. La Fiscalía solicitó 1 año y 8 meses de prisión, la querella 4 años por abuso sexual y la defensa pidió la absolución. El juez Diego Roberto Chaile Costilla dará a conocer su veredicto el martes al mediodía.
El juicio por abuso de autoridad contra el exintendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, está en sus instancias finales. Este viernes, en el Juzgado Correccional N° 1, subrogado por el juez Diego Roberto Chaile Costilla, se realizó la exposición de alegatos.
La Fiscalía pidió 1 año y 8 meses de prisión para Guaraz. Por su parte, la abogada querellante Natalia Páez Vaca solicitó que el exintendente sea condenado a 4 años de prisión por abuso sexual, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Para la querella, el entonces jefe comunal utilizó herramientas de control del Estado, como una clausura municipal, para amedrentar a la denunciante, quien rechazó sus pretensiones sexuales. Sostuvo que, entre los bienes jurídicos afectados, además de la administración pública, estuvieron la integridad sexual y la libertad de la damnificada.
La defensa, ejercida por los abogados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, negó que haya existido el presunto acoso sexual y cuestionó la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal. Consideró que parte de la prueba valorada durante el debate fue «manipulada», vulnerando los derechos de Guaraz.
Los defensores hicieron foco en las pericias realizadas al teléfono celular de la víctima y aseguraron que tres capturas de pantalla presentadas para ser incorporadas al expediente fueron manipuladas o «parcializadas». También señalaron que la Fiscalía no advirtió que, entre los chats visualizados en Fiscalía y las capturas aportadas, había mensajes que habrían sido borrados. Finalmente, pidieron la absolución del exintendente.
Al finalizar la audiencia, el juez Costilla dispuso un cuarto intermedio hasta el martes al mediodía, cuando dará a conocer su veredicto, que tendrá incidencia en la acción civil que tramita la querella.