La ley que creó el organismo sigue vigente, pero no registra actividad desde 2020. Tampoco hay estadísticas oficiales actualizadas sobre el bullying y otras formas de violencia.
El Observatorio de Violencia Escolar, órgano creado por la Ley Provincial 5402 para la Prevención del Acoso Escolar, dejó de funcionar en 2020, apenas seis años después de la promulgación de la norma, según la información a la que pudo acceder El Ancasti.
El organismo funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Educación y tenía entre sus objetivos el seguimiento y abordaje de distintas formas de violencia en el ámbito educativo. Su ausencia cobra especial relevancia frente a los hechos de violencia extrema que se conocieron en las últimas semanas y que tuvieron como protagonistas a alumnos y alumnas del nivel secundario.
La ley que dio origen al Observatorio establece que debe funcionar como un «órgano especializado en la identificación, relevamiento y exclusión de la violencia escolar y la promoción de la cultura de la paz en la comunidad educativa».
Entre sus principales funciones, la legislación vigente contempla la elaboración de normas de procedimiento para abordar situaciones de maltrato e incorporarlas a los códigos de convivencia escolar. También prevé la habilitación de canales de denuncia, como buzones físicos y virtuales y líneas telefónicas gratuitas, para que niños y jóvenes puedan informar sobre conflictos que atraviesen tanto dentro como fuera de las instituciones educativas.
El organismo también debe recibir información de los Libros de Violencia Escolar y de las medidas adoptadas por los consejos escolares, además de realizar investigaciones y elaborar estadísticas que permitan identificar el origen de la problemática. La normativa contempla, asimismo, la articulación con los distintos poderes del Estado y organizaciones no gubernamentales para impulsar políticas de prevención y resolución del maltrato escolar.
Entre sus responsabilidades se encuentra la organización de foros, congresos y encuentros con participación de la comunidad educativa, así como el seguimiento de las situaciones registradas en las escuelas para generar información que permita orientar la toma de decisiones.
Contar con un observatorio de violencia escolar permite dimensionar la magnitud de problemáticas como el bullying, la violencia escolar, el grooming y el acoso, entre otras. También posibilita evaluar el alcance de las políticas preventivas y determinar en qué establecimientos se registran con mayor frecuencia estas situaciones.
Sin datos
El Ancasti ya había advertido, seis meses atrás, sobre la falta de información oficial acerca del bullying y otras problemáticas similares. «Existe una escasa disponibilidad de información pública que permita conocer la verdadera dimensión del problema. La última información difundida por el Ministerio de Educación provincial data de fines de 2023 y, desde entonces, no se publicaron nuevos registros sobre la cantidad de intervenciones realizadas, la evolución de los casos ni el alcance de las acciones implementadas para prevenir la violencia entre estudiantes», publicó este medio en junio de 2026.