El juicio contra el exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, por presunto abuso de autoridad comenzó este martes y fue suspendido tras un planteo de nulidad presentado por la defensa. Continuará el lunes con la exposición de las partes.
El juicio contra el exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, por presunto abuso de autoridad se inició este martes en el Juzgado Correccional Nº 1 y fue suspendido poco después por un cuarto intermedio dispuesto hasta el lunes próximo.
La suspensión se produjo tras un planteo de nulidad presentado por la nueva defensa de Guaraz, ejercida por los abogados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, quienes reemplazaron al letrado Luciano Rojas. Guaraz cumple condena por abuso sexual en el penal de Miraflores y en esta causa debe responder por presunto “abuso de autoridad en calidad de autor”.
El juicio estaba previsto para la semana pasada, pero se postergó debido al cambio de abogados defensores.
En la audiencia de este martes, la defensa solicitó al Tribunal que declare la nulidad absoluta de una pericia informática, del acta de visualización, del decreto de determinación del hecho y del requerimiento de elevación a juicio. El planteo fue desarrollado en un escrito de 21 páginas.
A pedido de la querella y del Ministerio Público Fiscal (MPF), el juez Marcelo Forner dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes. Ese día, las partes expondrán sus posiciones y el magistrado resolverá sobre el pedido de nulidad.
Los abogados defensores cuestionaron la investigación del MPF, que estuvo inicialmente a cargo de la fiscal penal Antonella Kranevitter y luego pasó a manos de Facundo Barros Jorrat, especializado en Delitos contra la Administración Pública.
La defensa objetó la pericia informática efectuada al celular de la denunciante, el informe técnico realizado, el DVD donde se grabó la información, el acta de visualización del teléfono, el decreto de determinación del hecho y la imputación, y el requerimiento fiscal de elevación a juicio. Sostuvo que las pruebas contra Guaraz fueron “producidas a espaldas del denunciado”.
Asimismo, afirmó que desde la denuncia por el supuesto abuso de autoridad, en junio de 2021, hasta diciembre de 2021, el MPF no notificó oficialmente a Guaraz ni le dio intervención en la causa. Consideró que el celular peritado “nunca estuvo bajo custodia judicial y fue devuelto a la denunciante” después de cada actuación.
Remarcó que sobre “la pericia informática se notificó un acto que no se hizo, y no se notificó el que se hizo”, y que el dispositivo nunca fue secuestrado ni preservado.
De manera subsidiaria, la defensa pidió al juez que, en caso de no declarar la nulidad, se excluyan del debate la pericia y el acta “por haber sido obtenidos sin control de la defensa y sin garantías de integridad”. También solicitó que se declare que carecen de aptitud para acreditar que Guaraz efectivamente se comunicó con la denunciante.