La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación suspendió por cuarta vez el debate oral contra un entrenador de fútbol infantil acusado de delitos contra la integridad sexual en Andalgalá. La defensa presentó planteos de excepción y nulidad, mientras la Fiscalía anticipó que pedirá el rechazo y una nueva fecha urgente.
La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación tenía previsto iniciar un nuevo debate oral contra un entrenador de fútbol infantil de Andalgalá acusado de delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, el juicio se suspendió por cuarta vez tras un planteo del abogado defensor Luciano Rojas.
Fuentes consultadas indicaron que la defensa presentó un planteo de excepción por falta de acción, otro por falta de competencia —a su criterio debería realizarse un juicio por jurados— y, subsidiariamente, la nulidad de uno de los cuatro hechos imputados. Ante esta presentación, la audiencia se suspendió y el trámite continuará por escrito.
Se corrió vista a las partes: el fiscal de Cámara Miguel Mauvecín y el abogado de la querella Luis Marcos Gandini, quienes tendrían plazo hasta el viernes para responder. Luego, el tribunal integrado por los jueces Jorge Palacios, Patricia Olmi y Marcelo Soria resolverá.
El fiscal de Cámara Mauvecín, tras leer los planteos de la defensa, adelantó que solicitará el rechazo y que se fije una nueva fecha de debate con carácter urgente. Para el representante del Ministerio Público no hay falta de acción ni de competencia.
El entrenador debe responder por los delitos de “corrupción de menores”, “abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores” y dos de “abuso sexual simple y corrupción de menores”. Según información oportunamente obtenida, los chicos querían jugar a la pelota y el entrenador se habría aprovechado de su deseo. El denunciado es entrenador de inferiores de un equipo de fútbol; las víctimas son niños y adolescentes de entre 12 y 14 años al momento de los hechos.
La denuncia se realizó en diciembre de 2023 y la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Andalgalá. Pasada aquella Navidad, se imputó al entrenador por los ultrajes a un grupo de chicos. Durante la indagatoria, el acusado, asistido por un defensor particular, se mantuvo en silencio.
Los chicos asistían al club como un lugar de contención y para estar alejados de las calles. La institución representaba un espacio de resguardo para un grupo vulnerable en una zona con necesidades. Sus padres los enviaban con las mejores intenciones y los chicos disfrutaban de ese momento en la cancha. Sin embargo, el entrenador se habría aprovechado de esta situación: mediante engaños y promesas, habría ultrajado a los chicos, quienes querían jugar de titulares y no estar en el banco.
Los chicos advirtieron que algo no estaba bien, posiblemente alertados por las clases de Educación Sexual Integral (ESI). Primero comentaron entre ellos lo que estaba pasando y luego lo contaron a los adultos. Sus padres los escucharon y les creyeron, y decidieron realizar la denuncia penal.
El abuso sexual en la infancia (ASI) es una de las formas de violencia más extrema que niños, niñas y adolescentes pueden sufrir. Los profesionales en la temática advierten que en la gran mayoría de los casos los agresores son del entorno cercano, como un familiar, un docente o un vecino.
Ante la duda o sospecha de un posible ultraje, se debe poner en conocimiento a las autoridades. Cualquier persona debe denunciar; no es necesario que alguna autoridad realice la denuncia. La Línea 102 de Ayuda a Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo es un canal para denunciar, anónimo, gratuito y disponible las 24 horas, todos los días del año.
Las víctimas de violencia sexual no solo deben romper el silencio impuesto por su agresor, sino también encontrar un adulto que crea en sus palabras o sepa identificar las señales de alerta y los proteja. El hecho de que la mayoría de los abusos sean perpetrados por alguien cercano hace más difícil la intervención. Es importante habilitar el diálogo con un acercamiento tranquilo, en un ámbito de privacidad, sin exponerlos, y que sean los profesionales capacitados quienes indaguen acerca de cómo ocurrieron los hechos.