Los dirigentes de GENERAR Silvana Carrizo y Mamerto Acuña sostuvieron que las diferencias contables detectadas entre ARCAT y el Fondo Fiduciario son solo una parte del problema y reclamaron mayor transparencia, rendición de cuentas y control legislativo sobre los recursos de regalías mineras.
La ex diputada Silvana Carrizo y el diputado Mamerto Acuña, dirigentes de GENERAR, volvieron a cuestionar el manejo de los fondos fiduciarios mineros en Catamarca y advirtieron que las diferencias entre los registros de regalías y los recursos informados son apenas una parte del problema. Ambos reclamaron mayor transparencia, rendiciones de cuentas completas, control legislativo sobre las obras y la restitución de la distribución directa de las regalías a los municipios.
La discusión por el manejo de los fideicomisos mineros en Catamarca volvió a poner en el centro del debate legislativo la necesidad de transparentar el destino de los recursos provenientes de las regalías. En ese contexto, Carrizo y Acuña sostuvieron que la controversia no puede limitarse a explicar las diferencias contables detectadas, sino que debe abordar el funcionamiento integral de estos instrumentos, los mecanismos de control y la participación de los municipios en la definición de las inversiones.
El diputado Francisco Monti planteó que existe una diferencia de $3.251 millones entre lo que ARCAT registra como regalías y lo que informa el Fondo Fiduciario. Frente a esa situación, el oficialismo busca explicar la diferencia. Sin embargo, para Carrizo y Acuña, aun cuando esa discrepancia pudiera justificarse en su totalidad, el problema estructural continuaría sin resolverse.
“Pero no nos engañemos, aunque esa diferencia se explicara por completo, la cuestión de fondo seguiría sin saldarse”, advirtieron, al remarcar que se trata de un planteo que vienen sosteniendo desde 2022 y que reiteraron en cada debate presupuestario de la Legislatura.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con lo que definieron como la existencia de un presupuesto paralelo. Según señalaron, las leyes 5.336 y 5.151 establecen que el presupuesto debe contemplar la totalidad de los recursos y los gastos del Estado, mientras que los fondos fiduciarios mineros funcionan por fuera de ese esquema general.
En ese sentido, recordaron que ya habían advertido sobre esta situación durante el tratamiento del Presupuesto 2023. Posteriormente, en el debate del Presupuesto 2025, volvieron a señalar que el fideicomiso de regalías no estaba incorporado y que recursos provenientes del endeudamiento eran destinados a ese instrumento sin un control efectivo. El planteo, sostuvieron, también fue reiterado durante la discusión del Presupuesto 2026.
Otro de los ejes está vinculado con las rendiciones de cuentas. La Ley 5.642 establece la obligación de presentar informes semestrales ante las comisiones de Hacienda de la Legislatura. No obstante, consideraron que la documentación remitida resulta insuficiente para conocer con precisión el destino de los fondos.
“Las rendiciones y los informes que llegan no permiten saber qué obra se financió, con qué recurso, a qué costo, con qué adjudicatario ni en qué plazo”, señalaron, al cuestionar la falta de información detallada sobre las inversiones ejecutadas con recursos provenientes de la actividad minera.
Como antecedente, recordaron que en 2022 solicitaron informes sobre el fideicomiso del Salar del Hombre Muerto, con el objetivo de conocer los ingresos y egresos de cada año, el origen de los aportes recibidos y las obras ejecutadas. Según afirmaron, cuatro años después continúan sin contar con esa información completa.
A las objeciones por la falta de transparencia se suma el cuestionamiento sobre la autorización de las obras. Carrizo y Acuña sostuvieron que los presupuestos del fondo nunca fueron tratados por la Legislatura y remarcaron que, aunque exista un listado de obras, corresponde al Poder Legislativo autorizar el plan de inversión que involucra recursos públicos.
También pusieron el foco en los aportes extraordinarios realizados al fideicomiso desde el Tesoro provincial. En ese punto, plantearon un interrogante sobre la eficiencia del instrumento: “si el fondo es tan eficiente, ¿por qué necesita nuevos recursos del Tesoro una y otra vez?”.
De acuerdo con el planteo, tres aportes extraordinarios efectuados en dos años superan los $20.750 millones nominales. El último, por $7.751 millones en septiembre, estuvo destinado a cubrir certificados de obra pendientes. Para ambos dirigentes, esta situación refuerza la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema y garantizar que los recursos se administren bajo criterios de previsibilidad, transparencia y control.
Frente a este escenario, recordaron que en 2025 presentaron un proyecto para derogar los fideicomisos creados con regalías mineras, derogar la Ley 5.642 y restablecer el régimen establecido por la Ley 5.128, que contempla la transferencia directa de los recursos a los municipios.
La iniciativa, explicaron, se fundamentó en que las regalías deben beneficiar a las comunidades donde se desarrolla la actividad minera y en que los intendentes cuentan con un conocimiento directo de las necesidades y prioridades de sus territorios.
Antes de impulsar esa propuesta, señalaron que habían solicitado sin éxito que los flujos del fideicomiso fueran incorporados al presupuesto provincial y que se aplicara la Ley de Administración Financiera. Sin embargo, en diciembre de 2025, pese a sus objeciones, la mayoría legislativa aprobó la unificación de los fideicomisos, que incluyó la disolución del correspondiente al Salar del Hombre Muerto y la concentración de los fondos en un único instrumento.
“Hoy los mismos problemas se discuten con más plata en juego”, advirtieron, al considerar que los cambios introducidos no resolvieron las dificultades de fondo relacionadas con la información pública, la rendición de cuentas y el control sobre el destino de los recursos.
Los dirigentes aclararon que sus cuestionamientos no implican una oposición al desarrollo de la actividad minera. Por el contrario, sostuvieron que Catamarca necesita inversiones, generación de empleo, fortalecimiento de proveedores locales e infraestructura, pero remarcaron que ese proceso debe estar acompañado por mecanismos de transparencia que permitan sostener la confianza de las comunidades.
“No estamos contra la minería. Catamarca necesita inversión, empleo, proveedores locales e infraestructura. Pero la licencia social no se construye con opacidad”, expresaron.
En esa línea, detallaron una serie de propuestas destinadas a modificar el esquema de administración y control de los fondos fiduciarios mineros. Entre ellas, plantearon incorporar los flujos del fideicomiso al presupuesto provincial; publicar las rendiciones semestrales completas, incluyendo la conciliación entre lo recaudado y lo ingresado; e informar las obras por departamento, con detalle de los montos comprometidos, el estado de avance y los certificados pagados y adeudados.
Asimismo, reclamaron que el plan estratégico de inversión del fondo sea elevado a la Legislatura para su tratamiento y que se restablezca el sistema de distribución directa de las regalías a los municipios.
Finalmente, insistieron en que estos recursos tienen una finalidad específica vinculada con la compensación, la reparación y la promoción del desarrollo de las zonas de influencia de la actividad minera. Por ese motivo, consideraron que las decisiones sobre su utilización no deben quedar circunscriptas al Poder Ejecutivo, sino que deben adoptarse con información pública, control institucional y participación de las comunidades involucradas.
“Las regalías mineras existen para compensar, reparar y promover el desarrollo de las zonas de influencia. Su destino debe decidirse con control, información y participación del territorio, no puertas adentro del Ejecutivo”, concluyeron, al manifestar su disposición a participar de una discusión seria, técnica y transparente sobre el futuro de los fondos mineros en Catamarca.