El magistrado federal dio por corroborada una segunda estructura de corrupción en la ANDIS, vinculada a la contratación de insumos médicos y ortopédicos a través del Programa Incluir Salud. La resolución alcanza a 19 personas procesadas y amplía la situación de otras 5.
El juez federal Ariel Lijo procesó sin prisión preventiva a 19 personas y amplió el procesamiento de otras 5 en el marco de una investigación sobre maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La resolución, de 553 páginas, fue dictada en una segunda etapa del expediente que se enfocó en las contrataciones de insumos médicos y ortopédicos realizadas mediante el Programa Incluir Salud.
Según el fallo, se dio por corroborada la existencia de una organización delictiva que habría direccionado contrataciones públicas y permitió identificar diferencias de precios por más de $7.833 millones entre medicamentos e insumos médicos. La cifra surge de sumar $5.984.594.394,24 identificados en el rubro medicamentos y $1.849.277.963 en determinadas operaciones de insumos.
La resolución amplió los procesamientos de Diego Orlando Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, en su condición de jefes de la asociación ilícita investigada, así como los de Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados miembros de esa organización.
El juez Lijo determinó que los elementos de prueba reunidos permiten atribuir a las personas los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. En algunos casos, también se dio por probado hechos constitutivos del delito de lavado de activos agravado, relacionados con la presunta canalización y circulación de fondos provenientes de las maniobras investigadas.
En esta segunda etapa del expediente delegado en la fiscalía a cargo de Franco Picardi, se analizaron los procedimientos de adquisición correspondientes a seis segmentos del rubro insumos: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología.
La resolución explica que estos números revisten el carácter de provisorio y parcial, y que las estimaciones fueron construidas a partir de las operaciones que pudieron ser comparadas con valores de referencia.
Respecto de la asociación ilícita, el fallo sostiene que el conjunto de las pruebas reunidas permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo —principalmente Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas—. Como operadores externos se acusó a Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos provenientes de las maniobras investigadas.
La resolución expresa que los integrantes de esta asociación ilícita habrían actuado coordinadamente, mediante una distribución de funciones destinada a favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado Nacional. En cuanto al funcionamiento del esquema, se explicó que la operatoria habría consistido en la manipulación sistemática de los procedimientos de contratación de medicamentos e insumos PACBI, mediante la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas.
A través de ese mecanismo, según la resolución judicial, se habrían generado beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización.
El juez Lijo destacó como componente central la reiteración de estas prácticas en los distintos segmentos, los vínculos entre sus protagonistas y las numerosas comunicaciones y operaciones económicas documentadas, lo que permite sostener que no se trató de irregularidades aisladas, sino de una actuación organizada y sostenida en el tiempo.
La Sala II de la Cámara Federal, al examinar las contrataciones efectuadas mediante el sistema SIIPFIS, señaló que fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos. Asimismo, al valorar los vínculos entre funcionarios, operadores externos y empresas proveedoras, destacó que esas acciones no fueron casuales sino el resultado de un acuerdo ilícito entre sus partícipes.
El magistrado concluyó que la significación penal de los hechos investigados no se agota en los sobreprecios que pudieron cuantificarse hasta el momento. En ese sentido, la resolución destaca que lo verdaderamente relevante es que las pruebas reunidas permiten reconstruir la existencia de un mecanismo organizado de contratación pública que habría sido puesto al servicio de intereses particulares, mediante la intervención coordinada de funcionarios y empresarios que condicionaron decisiones administrativas en beneficio propio.
Es precisamente esa actuación concertada, reiterada en numerosos procedimientos y acompañada por la circulación de beneficios indebidos, la que permite sostener provisoriamente la existencia del entramado delictivo investigado, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde atribuir individualmente a cada uno de sus integrantes, indicó el magistrado.
Además, se dispuso el procesamiento de empresarios y personas vinculadas con distintas firmas proveedoras de la ANDIS. Entre ellos se encuentran Emilio César Olguín, relacionado con Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martín Gonzalo Armella, vinculados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; Claudio Alejandro Kahn, relacionado con Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.; y Osmar Mariano Caballi, vinculado con Farma Salud S.R.L.
También fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, vinculados con Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.; Humberto Gabriel Maone, relacionado con Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, vinculado con Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte, relacionado con Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat, vinculado con Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, relacionado, entre otras firmas, con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
La decisión también alcanzó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, quienes habrían desempeñado funciones relevantes dentro de la estructura administrativa del organismo, particularmente relacionadas con la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.
En otro tramo de la investigación se dispuso el procesamiento de Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por asociación ilícita y lavado de activos agravado, a partir de la investigación de circuitos financieros y comerciales vinculados con Miguel Ángel Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. Asimismo, fue procesado Lautaro Valentín Brítez como miembro de la asociación ilícita.
Finalmente, el magistrado resolvió dictar la falta de mérito de 11 personas que fueron indagadas, de las cuales corresponde profundizar la investigación.