Brayan Ferney Cruz Castillo, de 30 años, fue detenido en abril pasado en los tribunales penales porteños, donde debía participar de un juicio abreviado por un robo. Se lo señala como miembro de una facción disidente de las FARC.
El juez federal Julián Ercolini concedió la extradición a Colombia de un exmiembro de una facción disidente de las FARC acusado de participar del atentado explosivo que le costó la vida a Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de ese país en junio del año pasado.
Brayan Ferney Cruz Castillo, de 30 años, fue detenido en abril pasado en los tribunales penales de la calle Paraguay al 1500, en el centro porteño, cuando se presentó para participar de un juicio abreviado por robo, imputado por el robo de un auto. El arresto se realizó en un operativo conjunto de la División Seguridad y Custodia del Poder Judicial de la Policía Federal Argentina (PFA) y la de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones que pertenece a Interpol.
En Colombia se acusa a Cruz Castillo de los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, previstos en el Código Penal de ese país.
Se lo señala, concretamente, como “marcador, vigilante y transportador” dentro de la banda dedicada “a la comisión de homicidios y atentados”, rol que se extendió desde enero de 2025 hasta el 20 de junio de ese mismo año en la ciudad de Bogotá.
Según expuso en el proceso de extradición el auxiliar fiscal Martín Garrido, en representación de la fiscalía federal N° 3 porteña, “los integrantes de la estructura criminal concertaron una serie de atentados contra la vida y la integridad de personas, con el objetivo de ‘generar miedo, zozobra y pánico en la población, alterando el orden público, la estabilidad institucional y la seguridad colectiva’” en el territorio colombiano.
Tal como informó el Ministerio Público en su portal institucional www.fiscales.gob.ar, “los delitos atribuidos a Cruz Castillo podrían subsumirse en la Argentina bajo las figuras de asociación ilícita agravada en concurso real con acopio y fabricación de armas, tipos penales que, a su vez, se encuentran agravados por la finalidad de aterrorizar a la población”.
De la investigación llevada adelante en Colombia surge que “entre fines de mayo y principios de junio de 2025, los jefes de la organización habrían ordenado la ejecución de un atentado; de esa forma, habrían diseñado un plan consistente en la instalación de un artefacto explosivo tipo ‘bomba lapa’ en el vehículo que transportaba a la víctima”.
El auxiliar fiscal Garrido señaló, haciendo suyas las acusaciones de los investigadores colombianos, que Cruz Castillo habría sido el encargado de “ubicarse estratégicamente en el lugar de salida de la víctima, realizar seguimiento visual directo, identificar el vehículo en el cual se movilizaba y transmitir de manera oportuna la información a los demás integrantes, permitiendo la intervención de quienes ejecutarían la instalación del artefacto explosivo”.
Cómo se desarrolló la investigación
Los investigadores colombianos atribuyeron el atentado contra Uribe Turbay a la llamada Segunda Marquetalia, el grupo disidente de las FARC que lidera alias Iván Márquez. De sus pesquisas surgieron indicios de que Cruz Castillo se habría fugado hacia la Argentina tras el ataque; el análisis de direcciones IP lo ubicaba en nuestro país, informaron fuentes judiciales a LA NACION.
Ante ello, la fiscalía federal encabezada por Eduardo Taiano dispuso profundizar las tareas investigativas en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) y encomendó diligencias al “Escuadrón Buenos Aires” de Gendarmería.
Como parte de la investigación, se requirió información a la Dirección Nacional de Migraciones para detectar si Cruz Castillo había ingresado a Argentina. El organismo informó que el imputado se encontraba en situación irregular en el país y que, además, tenía una orden de expulsión vigente, originada tras un hurto automotor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los investigadores avanzaron y establecieron contacto con la fiscalía interviniente en ese expediente porteño, la cual informó que el 20 de abril de 2026 el imputado había aceptado suscribir un acuerdo de juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 28. Finalmente, Cruz Castillo fue detenido en los tribunales de la calle Paraguay al 1500 de la Capital Federal.
De acuerdo con la notificación roja que emitió la sede que tiene Interpol en Bogotá, el Cruz Castillo habría sido uno de los engranajes de la logística de la planificación y ejecución del atentado contra Uribe Turbay. El primer intento se produjo el 3 de junio de 2025, cuando la banda instaló un artefacto explosivo con una base magnética en un vehículo oficial que pertenecía a la custodia del candidato presidencial. El ataque no tuvo éxito. Pero cuatro días después, Uribe Turbay fue acribillado cuando daba un discurso en el parque El Golfito, de la localidad de Fontibón, en Bogotá. Recibió dos tiros en la cabeza y uno en la pierna izquierda; agonizó hasta el 11 de agosto, cuando su vida se apagó.
Los videos de testigos del atentado muestran que, mientras Uribe Turbay hablaba, un joven de cabello largo se acercó a él, sacó un arma y disparó directamente a la cabeza del candidato. El sicario, de 15 años, usó una Glock 9 milímetros que, según las pesquisas, fue adquirida en Arizona, Estados Unidos, en 2020. La pistola se la dio Katherine Andrea Martínez, conocida como Gabriela, quien luego del atentado intentó ocultarse en la selva, en el departamento de Caquetá; fue capturada, aceptó su responsabilidad y la condenaron a 21 años de prisión en febrero pasado. Martínez era la pareja de Cruz Castillo.