La exdiputada provincial Adriana Díaz publicó un análisis sobre la reacción política frente a denuncias por abuso sexual y laboral contra un funcionario o legislador. En el texto, cuestiona la defensa corporativa y la relativización de hechos graves en función de intereses electorales.
La exdiputada provincial Adriana Díaz difundió un artículo de opinión titulado «¿Qué nos pasó para aceptar que todo vale?», en el que analiza la respuesta del sistema político ante denuncias penales por abuso sexual y laboral que involucran a un funcionario o legislador.
Díaz sostiene que la reacción predominante no fue la búsqueda de verdad ni la empatía con las víctimas, sino el repliegue defensivo y la referencia a una «persecución política». En el texto, se pregunta en qué momento la pertenencia a un espacio político o la construcción de una alternativa opositora pasó a ser más importante que la integridad de una persona.
La autora afirma que gran parte de la dirigencia, tanto oficialista como opositora, optó por el silencio o por validar el uso de fueros y la victimización mediática con el objetivo de preservar acuerdos electorales o caudal territorial. Para ilustrar el mecanismo, menciona el caso de Jeffrey Epstein en Estados Unidos, que describió como una red de tráfico y abuso sexual sostenida durante décadas por una élite económica y política.
En el plano local, Díaz señala que se relativiza la gravedad de un hecho penado por la ley cuando el acusado ofrece cobertura política, visibilidad o seguidores. Menciona una «dinámica de cofradía machista» en reuniones de dirigentes varones donde se decide qué denuncias son creíbles y cuáles son «operaciones». No obstante, aclara que la presencia de mujeres en lugares de decisión no garantiza una conciencia de género si la lógica de supervivencia política se impone.
La exlegisladora sostiene que tanto oficialismos como oposiciones han guardado silencio cuando el denunciado es un aliado y han reclamado cuando el acusado pertenece al sector contrario. Agrega que, a casi una década de diversas iniciativas, organismos ejecutivos o legislativos aún no cuentan con un protocolo claro ante casos de violencia hacia la integridad.
Díaz concluye que si la política que se presenta como alternativa no traza un límite público frente a la vulneración de la integridad de quienes denuncian, reproduce lo que dice combatir. Considera que reconocer estos sesgos y exigir que el fuero penal no se convierta en una trinchera es el primer paso para sanar la convivencia democrática.
El artículo finaliza con una pregunta sobre el mensaje que se transmite a las futuras generaciones de dirigentes y si será posible trazar una línea antes de que el desengaño sea definitivo.
Adriana Díaz es diputada provincial con mandato cumplido.