La Fiscalía de Estado denunció la ocupación ilícita de sectores de dominio público próximos al cauce, lecho y línea de ribera del río El Tala, cerca del Camping Municipal y la Ruta Provincial N°4. El fiscal Ricardo Córdoba Andreatta inició una investigación por usurpación.
La Fiscalía de Estado de la Provincia denunció la ocupación ilícita, uso o aprovechamiento de sectores de dominio público próximos al cauce, lecho y línea de ribera del río El Tala, particularmente en inmediaciones del Camping Municipal y de la Ruta Provincial N°4.
A partir de la presentación, el fiscal de Instrucción N°4 del Distrito Oeste, Ricardo Córdoba Andreatta, inició la investigación por «usurpación».
La presentación fue acompañada por un informe técnico sobre la evaluación del riesgo hídrico y la amenaza hidro geomorfológica en la quebrada del río El Tala, en el que se detalla que ante determinados fenómenos meteorológicos podrían generarse situaciones de peligrosidad fluvial que representarían un riesgo para las personas y los inmuebles ubicados en el sector.
La Fiscalía dispuso una serie de medidas dirigidas a determinar la situación dominial de los terrenos, individualizar los inmuebles y a las personas que se encuentran en el lugar, y establecer las características y la antigüedad de cada ocupación.
Se solicitaron informes a organismos del Estado provincial y municipal, un relevamiento de las zonas señaladas, la recopilación de antecedentes dominiales, administrativos y posesorios, y una inspección ocular con registro fotográfico y georreferenciado junto con la recepción de declaraciones testimoniales.
También la Fiscalía solicitó informes a la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT), a través de la Dirección Provincial de Catastro; al Registro de la Propiedad Inmobiliaria; a la Dirección Provincial de Hidrología y Evaluación de Recursos Hídricos; a la Municipalidad de la Capital; a la Dirección Provincial de Defensa Civil; a la Dirección de Vialidad Provincial y a la empresa EC SAPEM.
Desde Fiscalía se informó que el inicio de la investigación penal no reemplaza ni suspende las actuaciones administrativas de prevención, fiscalización, control territorial y protección civil que corresponden a los organismos públicos provinciales y municipales dentro de sus respectivas competencias.