El fallo establece que los municipios deben justificar la prestación efectiva del servicio para poder incluir la tasa en las facturas de luz y agua. EC SAPEM valoró la decisión y sostuvo que el foco está en la falta de justificación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló el cobro de tasas municipales en las boletas de los servicios de luz y agua, siempre que correspondan a un servicio municipal efectivamente prestado. La decisión fue valorada por EC SAPEM, la distribuidora eléctrica provincial, que destacó que el fallo pone el foco en la necesidad de justificar de manera concreta la prestación que da origen al cobro.
«La esencia del fallo es impecable: el foco está puesto en la falta de justificación», sostuvo la empresa provincial de energía al analizar el alcance de la resolución judicial.
La compañía remarcó que el máximo tribunal «no ataca la autonomía de los municipios para financiarse», sino aquellas tasas que se cobran sin una correspondencia clara con un servicio «concreto, efectivo e individualizado». Según esta lectura, los municipios deben poder demostrar de manera concreta qué prestación real ofrecen a cambio del tributo (alumbrado público, barrido, limpieza o tareas de inspección, entre otras), porque, tal como advirtieron desde la empresa, «si el servicio no existe o no está justificado, el cobro carece de causa legal».
EC SAPEM también celebró que el fallo rechace la utilización de conceptos «laxos» o residuales para fundamentar las tasas. La empresa sostuvo que «se prohíbe el uso de fórmulas vagas o residuales», es decir, «cobrar por servicios genéricos o inventados que no se pueden comprobar».
Puso especial acento en la proporcionalidad real que debe existir entre el tributo y la prestación: la tasa, remarcaron, «debe guardar una relación razonable con el costo global de la prestación», de manera de evitar que se transforme en «un mecanismo encubierto para aumentar la recaudación general» antes que en la contraprestación de un servicio efectivamente brindado. La distinción no es menor para una empresa de servicios públicos. Las tasas municipales suelen incorporarse directamente a las facturas de luz y gas, el mismo mecanismo que, según remarca el fallo, deriva en la disputa entre el Gobierno nacional y los intendentes del conurbano bonaerense.
El fallo de la Corte
El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sienta jurisprudencia sobre el cobro de las tasas municipales, una herramienta a la que recurren miles de intendentes de todo el país para reforzar su recaudación en momentos de crisis económica por la caída de la actividad.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar a una queja del Banco Galicia contra la Municipalidad de Córdoba, declararon procedente su recurso extraordinario y revocaron, en consecuencia, la sentencia que en su contra había dictado el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba.
El conflicto se había originado en 2008, hace 18 años, cuando la intendencia de Córdoba le determinó al banco un ajuste fiscal por la «Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios», prevista en el artículo 231 del Código Tributario Municipal, correspondiente a los períodos entre diciembre de 2001 y octubre de 2005, más intereses y una multa.
La entidad recurrió entonces al tribunal de Justicia provincial, que validó la tasa y acudió luego en queja ante la Corte al entender que se estaban desconociendo las características básicas que debe reunir un tributo para ser considerado propiamente una tasa: que se corresponda con la prestación de un servicio concreto no diluido en la masa de administrados, efectivo no formulado en modo meramente potencial e individualizado prestado en forma particular a cada contribuyente.
Los tres requisitos
La Corte recordó las pautas que debe cumplir un municipio para crear válidamente una tasa. En primer lugar, la definición clara y precisa del hecho imponible y la individualización de los servicios o actividades concretas que se ofrecen a cambio. En segundo lugar, la organización y puesta a disposición efectiva de ese servicio, acto o bien al contribuyente, ya que de lo contrario el cobro carecería de causa e importaría un agravio al derecho de propiedad de quien paga. Y, por último, la adecuada y precisa cuantificación del tributo, para lo cual la autoridad fiscal debe ponderar de manera prudencial y razonable, entre otros parámetros, el costo global del servicio o actividad de que se trate y la capacidad contributiva real del contribuyente.
Los jueces calificaron de «enorme laxitud» la fórmula de imposición utilizada por la norma tributaria cordobesa y recordaron además un antecedente similar: el de la distribuidora Gasnor contra el municipio santiagueño de La Banda, donde la Corte ya había advertido que, en lugar de determinar con precisión los servicios por los que se pretende cobrar, ese tipo de normas terminan siendo «una coartada para gravar actividades de los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación».
La decisión cobra especial relevancia en medio de la disputa que mantiene el Gobierno nacional con intendentes peronistas del conurbano bonaerense, a quienes acusa de haber sobrecargado las facturas de la luz, el gas y los combustibles con tasas municipales para asegurarse su cobro efectivo y un mejor pasar económico en medio del ajuste fiscal encarado por el presidente Javier Milei.
Al fijar jurisprudencia sobre qué requisitos debe cumplir un municipio para cobrar válidamente una tasa, el fallo también podría ser invocado por otras empresas de servicios que, en distintas jurisdicciones del país, enfrentan cargos similares.