La Dirección Nacional de Vialidad deberá abonar cerca de 10 millones de dólares en honorarios a los abogados defensores de los imputados en la causa Vialidad, tras la caducidad de la demanda civil por daños y perjuicios.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) deberá pagar casi 10 millones de dólares (unos 13.614 millones de pesos) en concepto de honorarios a los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner y de otros imputados en la causa Vialidad. El pago se originó luego de que la Justicia declarara la caducidad de la instancia en la demanda civil que el organismo había interpuesto para recuperar fondos por corrupción en obra pública.
La demanda civil fue presentada en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, con un reclamo de resarcimiento de 22.300 millones de pesos. Según el expediente, la falta de impulso procesal se extendió durante el gobierno de Alberto Fernández y se formalizó entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, bajo la presidencia de Javier Milei.
Ante la inactividad del Estado, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal determinó el cierre del juicio por perención de instancia y condenó en costas a Vialidad Nacional. La regulación de honorarios, fijada en unidades de medida arancelaria (UMA) e IVA incluido, benefició a doce profesionales.
El abogado Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibañez, percibirá 3.714 millones de pesos (unos 2.427.604 dólares). Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora, defensores de René Garro y Daruich respectivamente, cobrarán 1.857 millones de pesos (1.213.802 dólares) cada uno.
Los representantes de Nelson Periotti (Marcelo Sgro y Fernando Díaz Cantón), de Abel Fatala (Horacio Faillace y Lucio Simonetti) y de José López (Santiago Perlo y Gabriel Domenech-Achetone) recibirán 663 millones de pesos por profesional. Oscar Vignale, abogado de Raúl Pavesi, percibirá 1.325 millones de pesos.
Los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, recibirán 549,8 y 331,1 millones de pesos respectivamente, sumando 880,9 millones de pesos (575.764 dólares).
Los jueces de Cámara Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier suspendieron los pagos el 14 de julio hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de queja interpuesto por Vialidad. Los defensores de la exmandataria presentaron ante el Máximo Tribunal una solicitud por “efectiva privación de justicia”, argumentando que la queja estatal no tiene efectos suspensivos y pidiendo la liberación inmediata de los fondos.