El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, modificó el Presupuesto para incrementar partidas en Defensa, Inteligencia, Justicia y otros organismos, con una reducción de $35.142 millones en transferencias a provincias y asistencia social.
El Gobierno nacional, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026, dispuso una reestructuración del Presupuesto que asigna mayores fondos a las áreas de Defensa, Inteligencia de Estado (SIDE), Poder Judicial, Poder Legislativo y Relaciones Exteriores. Como contrapartida, se recortan $35.142 millones destinados a las provincias y a la asistencia social del personal de la Administración Pública Nacional.
El DNU establece que la medida se adopta porque “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”. Además, el Ejecutivo consideró que “la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, por lo que se dio cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional.
Refuerzos millonarios para Defensa
El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas reciben en conjunto un refuerzo superior a los $217.000 millones. La mayor parte se instrumenta como aplicaciones financieras bajo la forma de “Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo” financiados por el Tesoro Nacional. La sub-jurisdicción del Ministerio de Defensa recibe $114.732.800.677; el Estado Mayor General del Ejército, $60.429.467.258; y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, $31.211.124.000.
El alistamiento operacional de la Armada Argentina se refuerza con $8.115.569.620, que incluyen una partida de $50.750.000 para “Gastos reservados”. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibe un incremento de $30.518.942.441 para su programa de “Información e Inteligencia”, de los cuales $19.613.938.800 se clasifican como gastos de capital para la compra de maquinaria y equipos informáticos y de oficina.
El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) suma $120.081.397.520 a su presupuesto, destinados a bienes de consumo, con $11.000.000.000 para productos químicos y tintas, $35.315.000.000 para correos y telégrafos, y $20.000.000.000 para suscripciones adicionales a internet. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) obtiene un refuerzo de $119.289.500.000 para el desarrollo de misiones satelitales y el diseño de cuatro satélites SARE II A, complementados con $2.015.000.000 provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El Poder Judicial de la Nación recibe $111.210.300.000, de los cuales $100.000.000.000 provienen de aportes directos del Tesoro para gastos de personal. El Poder Legislativo Nacional incrementa sus créditos en $63.810.977.538 para retribuciones de cargos en la actividad de formación y sanción de leyes.
Financiamiento y sectores afectados
La norma combina ingresos extraordinarios y reducciones de gastos. Se incorpora un incremento de $222.911.990.520 por venta de activos propios (edificios e instalaciones públicas) autorizada por normativas vigentes. El Poder Judicial incorpora $11.210.300.000 por recaudación de ingresos no impositivos del Fondo Nacional de la Justicia.
El ajuste principal se ejecuta sobre la jurisdicción de Obligaciones a Cargo del Tesoro. El programa de “Otras Asistencias Financieras” sufre una quita global de -$288.474.804.990. Dentro de este programa, la asistencia social para el personal de la administración pública gubernamental se reduce en -$253.333.083.449. Las transferencias corrientes a las provincias bajo el concepto de “Administración Central Provincial” se reducen en -$35.141.721.541. Además, la cuenta de incremento de activos financieros a largo plazo por cuentas a cobrar del Tesoro asume una reducción de -$202.158.391.935.