El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Ejecutivo no apoyará las iniciativas opositoras de alivio para deudores y explicó los motivos de esa decisión.
El Gobierno nacional anticipó este martes que no apoyará los proyectos impulsados por sectores de la oposición para aliviar la situación de las personas endeudadas que tengan dificultades para pagar sus créditos. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo durante su conferencia de prensa en Casa Rosada que una intervención estatal implicaría destinar recursos de los contribuyentes para asistir indirectamente a las entidades financieras. «Sería usar dinero de los contribuyentes para salvar a los bancos», afirmó Ravier al explicar la posición de la administración de Javier Milei.
Consultado sobre las iniciativas que se analizan en el Congreso, el funcionario señaló que todavía es necesario «conocer los detalles», aunque adelantó que La Libertad Avanza difícilmente acompañará los proyectos porque, según consideró, van en sentido contrario a la posición expresada por el Presidente.
Ravier reconoció que existe un problema entre quienes tomaron préstamos y actualmente no pueden afrontar las cuotas. También apuntó a las entidades financieras y no bancarias que otorgaron créditos con tasas elevadas. «Claramente hay morosos que están en una situación difícil por no poder pagar los créditos que tomaron», admitió. Sin embargo, remarcó que las entidades también asumieron riesgos al prestar dinero y que, en algunos casos, buscaron cubrirse mediante tasas de interés altas.
En ese sentido, cuestionó especialmente que sectores de izquierda impulsen medidas para atender el problema. «Nos sorprende que desde la izquierda, históricamente crítica de los rescates bancarios, se promuevan alternativas que, según su interpretación, permitirían a las entidades recuperar capital prestado bajo su propio riesgo».
Ravier ratificó que la postura oficial es no intervenir directamente en la relación entre los bancos y sus clientes y favorecer que las partes negocien refinanciaciones. Según explicó, Milei considera que se trata de «acuerdos entre privados» y que la contribución del Gobierno consiste en sostener el programa de estabilización económica para reducir la inflación y las tasas de interés.
El vocero aseguró que las tasas que a comienzos de año se ubicaban alrededor del 50% actualmente rondan el 25% y sostuvo que ese escenario permite negociar plazos más extensos y condiciones de refinanciación más favorables. «Esa es la ayuda que da el Gobierno, dejando relacionarse a los privados», sintetizó.
La administración libertaria viene manteniendo esta postura frente al incremento de la morosidad. A comienzos de agosto, el propio Milei había descartado una asistencia estatal y planteado que las dificultades de pago debían resolverse mediante acuerdos entre bancos y clientes. Ravier también vinculó parte del deterioro de la situación crediticia con la actividad del Congreso durante 2025.
Según su explicación, las líneas de crédito comenzaron a expandirse durante 2024 y el aumento de las moras apareció posteriormente. El funcionario atribuyó parte de ese proceso a lo que definió como un «ataque político» desde el Congreso. Sostuvo que la aprobación de proyectos que, a criterio del Ejecutivo, no contaban con financiamiento claro generó incertidumbre, presionó sobre el tipo de cambio y provocó una suba de las tasas de interés.
De acuerdo con el argumento oficial, ese encarecimiento del crédito terminó dificultando que numerosas familias pudieran afrontar las obligaciones que habían asumido. El Gobierno insiste en que la respuesta al problema debe llegar a través de refinanciaciones entre las entidades y los deudores, junto con una reducción sostenida de la inflación y de las tasas, y descarta por el momento destinar fondos públicos para implementar un programa de rescate.
Buque británico en Tierra del Fuego
Además, Ravier afirmó que, antes del amarre, debió ser autorizado también por el gobierno de Tierra del Fuego ya que la monoboya es de jurisdicción provincial, según expresó el portavoz este martes en conferencia de prensa. En un descargo oficial leído, Ravier aclaró: «El VS Promise es un buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para provisionarse».
«Es decir, el barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego. A su vez, la monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio Gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en 1º lugar», agregó. Para el vocero, «el accionar del buque no viola ninguna ley». «La ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando desde la cuenca Malvinas», siguió y también explicó que la Ley Guacho Rivero «no aplica».
«Su artículo 2 alcanza aquellos relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas. Por este motivo, las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque y las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en puerto», sentenció.