La Cámara Penal N° 3 de Catamarca dispuso la suspensión del juicio a prueba para Micaela Reartes (36), imputada por 15 hechos de estafa. La medida incluye una reparación económica a las víctimas y la realización de tareas comunitarias durante dos años.
La Cámara Penal N° 3 de Catamarca hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) formulado por la defensa de Micaela Reartes (36), imputada por 15 hechos de estafa. La audiencia se realizó el viernes ante el tribunal integrado por los jueces Jorge Palacios, Marcelo Soria y Patricia Olmi. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Miguel Mauvecín y la imputada contó con patrocinio legal de un abogado particular.
El tribunal dispuso que, durante dos años, Reartes cumpla reglas de conducta y efectúe una reparación económica por un total de 2.298.500 pesos. Las personas damnificadas que comparecieron aceptaron recibir los montos correspondientes al perjuicio económico sufrido. Para aquellas que no comparecieron, el tribunal ordenó que las sumas ofrecidas sean destinadas a la Cooperadora del Hospital de Niños Eva Perón. Según se informó, el monto destinado al hospital será de 408.000 pesos.
Los hechos
Según la acusación, Reartes se presentaba ante las víctimas como abogada y ofrecía sus servicios a cambio de sumas de dinero. En algunos casos, las entregas estaban vinculadas a la adquisición o venta de terrenos y, en otros, al pago de honorarios por asesoramiento o patrocinio jurídico. Los pagos se realizaban en efectivo, mediante transferencias bancarias o depósitos. La utilización de un falso título profesional era el mecanismo mediante el cual generaba confianza en las personas para obtener las sumas de dinero. Las denuncias fueron radicadas en las unidades judiciales N° 5 y 8 a fines de 2022.
Condiciones de la probation
La suspensión del juicio a prueba es un instituto que permite suspender el proceso penal durante un período determinado, durante el cual la persona imputada debe cumplir una serie de pautas y reglas de conducta fijadas judicialmente. En este caso, el tribunal estableció un plazo de dos años. Durante ese período, Reartes deberá fijar residencia y someterse al control del Departamento del Patronato de Liberados, ante el cual deberá presentarse cada tres meses. También deberá abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, no cometer nuevos delitos y realizar tareas comunitarias en el Hospital de Niños Eva Perón a razón de tres horas semanales, previa coordinación con las autoridades de la institución.
La causa se inició a fines de 2022 con las primeras denuncias y se resolvió cuatro años después cuando la acusada solicitó la probation.