Una movilización convocada en rechazo a la Ley de Propiedad Privada derivó en un enfrentamiento entre manifestantes y efectivos policiales en las inmediaciones del Congreso. El incidente ocurrió alrededor de las 17 en la avenida Entre Ríos, donde la policía utilizó agua, gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a un grupo que intentó superar las vallas.
Una movilización convocada en rechazo a la Ley de Propiedad Privada derivó en un enfrentamiento entre manifestantes y efectivos policiales en las inmediaciones del Congreso. El incidente ocurrió alrededor de las 17 en la avenida Entre Ríos, donde la policía utilizó agua, gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a un grupo que intentó superar las vallas.
La protesta, que comenzó al mediodía y alcanzó su pico de asistencia durante la sesión parlamentaria, reunió a miles de personas, incluyendo autoconvocados, gremios de la CGT, las dos CTA, la UTEP y agrupaciones políticas. Los manifestantes se congregaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo bajo consignas como “La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja”.
De acuerdo con el protocolo antipiquetes implementado por las fuerzas federales, la circulación fue restringida desde temprano en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.
La marcha se originó en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras, que finalmente el oficialismo retiró del proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto, impulsado por el gobierno, aborda aspectos como desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
En materia de desalojos, el proyecto establece que ante una mora en el alquiler con destino habitacional, el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida, otorgando un plazo no inferior a diez días corridos. En caso de que habiten menores o personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), se otorgan diez días adicionales para regularizar la deuda, tras lo cual se procedería al desalojo por la fuerza pública.
En cuanto a expropiaciones, la iniciativa plantea que solo puede ser sujeto de expropiación bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la “utilidad pública”, con interpretación restrictiva y una indemnización que comprenda el valor objetivo del bien y los daños directos e inmediatos, sin considerar circunstancias personales o valores afectivos. La indemnización no podrá exceder el 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre una afectación superior. Además, se establecen beneficios para ocupantes que acrediten posesión pacífica, ostensible y continua durante diez años en inmuebles urbanos destinados a vivienda única y permanente.
Respecto al manejo del fuego, el proyecto elimina las prohibiciones vigentes de modificar el uso y destino de superficies de bosques nativos incendiados, así como el artículo que prohíbe por treinta años la realización de emprendimientos inmobiliarios o actividades agropecuarias distintas a las previas al incendio en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales.