La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) informó un alto acatamiento del paro docente convocado para este miércoles. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, fiscaliza la medida a través de agencias territoriales y advirtió sobre posibles sanciones ante el incumplimiento del servicio mínimo.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lleva adelante un paro docente en todo el país. El gremio señaló que la medida responde a la negativa del Poder Ejecutivo de convocar a una mesa paritaria nacional. El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, fiscaliza la medida de fuerza con agencias territoriales y aplicará sanciones si no se garantiza el servicio mínimo en las escuelas.
La medida de fuerza ocurre en la vuelta a clases tras el fin de las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, y afecta a todas las escuelas públicas del país.
Según informó el gremio, el paro tuvo un altísimo acatamiento en todo el país, con una masiva participación de los trabajadores de la educación en las distintas acciones y movilizaciones realizadas en cada provincia. En un comunicado, expresaron que la contundencia del paro y la participación en las calles ratifican el malestar de la docencia argentina frente al ajuste sobre la educación pública y la falta de respuestas del Gobierno Nacional.
En la Ciudad de Buenos Aires, la protesta incluyó una movilización al mediodía, con participación de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Suteba y otros sindicatos del sector. Sonia Alesso, titular de CTERA, declaró que existe una grave crisis presupuestaria y falta de diálogo por parte del Gobierno. También sostuvo que los docentes perciben salarios que no cubren sus necesidades y que sus ingresos están congelados. Exigió la apertura de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal.
Además, se reclamaron mejoras en el financiamiento educativo, la restitución del FONID y el pago de fondos nacionales destinados a la educación, así como la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo en rechazo al proyecto oficialista de Ley de Libertad Educativa. Alesso criticó la falta de inversión en infraestructura y afirmó que el Poder Ejecutivo no construyó ninguna escuela en lo que va de su gestión. Aseguró que la crisis educativa actual es peor que la de los años ’90.
No hay clases en los niveles inicial, primario y secundario. Algunas instituciones privadas dictaron clases con normalidad, aunque los gremios aseguran que hubo una alta adhesión en todo el sistema educativo.
El secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, afirmó que la República Argentina atraviesa una profunda crisis en el sistema educativo y que la situación abarca a todos los niveles. Sostuvo que hay una falta de reconocimiento de la tarea docente por parte del Gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, y que el salario inicial se ubica en la línea de pobreza o indigencia. Pidió al Gobierno que atienda la educación.
La secretaria general de SADOP, Marina Jaureguiberry, expresó que se están defendiendo las condiciones de trabajo, de vida, de salud y las condiciones jubilatorias de los docentes, así como el sistema educativo argentino. Solicitó que se reabra la paritaria para discutir salario y condiciones de trabajo, y señaló que más del 80% de los docentes son mujeres, muchas de ellas cabezas de familia, que cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza.
El secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, criticó al Gobierno por considerarlo insensible ante los intereses de las grandes mayorías y mencionó el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Anunció que no cumplirán la ley de reforma laboral, a la que calificó como regresiva y negativa.
Octavio Argüello, integrante del triunvirato de la CGT, señaló que la educación es un tema transversal y que un país que pierde su educación y cultura no sabe hacia dónde va. Adelantó que se podría convocar a un paro general si no se resuelven los conflictos mediante conversaciones.
El Gobierno fiscaliza a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad. Capital Humano advirtió que si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, se activarán los protocolos para aplicar sanciones contra las entidades sindicales.
La medida es coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente de Capital Humano. Las agencias territoriales recopilarán información en las provincias, registrarán el funcionamiento de los establecimientos y enviarán los resultados a la administración central. Estas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
La base de la fiscalización es la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. La norma estableció que durante una medida de fuerza la cobertura no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
Según el Gobierno, una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.