La Fundación Alameda presentó un informe semestral que detalla la evolución de la trata de personas en Argentina y el mundo, con énfasis en el uso de tecnologías digitales, la convergencia con otros delitos y las debilidades en la asistencia a víctimas.
La trata de personas ya no responde solamente al estereotipo del prostíbulo clandestino o del taller textil oculto. En pleno 2026, las redes criminales operan desde teléfonos celulares, redes sociales, plataformas digitales y organizaciones que, en muchos casos, aparentan ser espacios de ayuda comunitaria. Esa es la principal conclusión del informe semestral elaborado por la Fundación Alameda, que advierte que el delito evolucionó más rápido que las respuestas institucionales.
Según el informe, las organizaciones criminales ya no actúan de manera aislada, sino integradas al crimen organizado transnacional, articulando sus actividades con el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal, la explotación laboral y otras economías ilícitas. La explotación humana se convirtió en un negocio cada vez más sofisticado, adaptable y rentable.
La revolución tecnológica modificó profundamente la forma en que las víctimas son captadas y controladas. Las falsas ofertas laborales difundidas por redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas de videojuegos o sitios de contenido digital reemplazaron muchas veces al contacto presencial. La explotación también migró hacia entornos virtuales, donde las víctimas pueden ser sometidas mediante extorsión, manipulación psicológica, difusión de imágenes íntimas o producción de contenido sexual sin necesidad de ser trasladadas físicamente.
El informe identifica además un fenómeno creciente: la convergencia entre trata y narcomenudeo. En numerosos casos, las mismas organizaciones que comercializan drogas utilizan personas vulnerables para explotación sexual, trabajo forzado o criminalidad organizada, desdibujando las fronteras entre distintos delitos y obligando a replantear las estrategias de investigación.
Otra modalidad que gana protagonismo son las organizaciones coercitivas que se presentan como fundaciones, espacios religiosos, comunidades pseudoterapéuticas o grupos de ayuda. Bajo discursos humanitarios o espirituales, estas estructuras desarrollan mecanismos de manipulación emocional, aislamiento y dependencia que terminan facilitando distintas formas de explotación laboral, sexual o patrimonial.
En la Argentina, el informe observa que la explotación laboral continúa siendo la modalidad predominante, especialmente en actividades rurales, mientras que la explotación sexual incorpora cada vez más herramientas digitales. También crecen los casos de captación de niños, niñas y adolescentes a través de internet y las investigaciones sobre producción y distribución de material de abuso sexual infantil.
La Fundación Alameda advierte además que el deterioro económico amplía los márgenes de vulnerabilidad. La precarización laboral, la pobreza, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de las migraciones laborales generan un terreno fértil para que organizaciones criminales ofrezcan falsas oportunidades de empleo, tanto dentro del país como en el exterior.
Uno de los capítulos más críticos del informe analiza las respuestas oficiales obtenidas mediante pedidos de acceso a la información pública. Según la documentación recibida, existen serias debilidades en la asistencia posterior al rescate de las víctimas: programas con presupuestos sin ejecutar durante largos períodos, escasas soluciones habitacionales y una estructura mínima de profesionales especializados para atender las secuelas psicológicas de quienes lograron salir de las redes de explotación.
Las entrevistas realizadas a decenas de jueces y fiscales federales coinciden en un diagnóstico común: la trata no disminuyó; cambió de forma. La virtualidad, las criptomonedas, la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las organizaciones coercitivas representan algunos de los desafíos más importantes para la Justicia en los próximos años. También sostienen que investigar este delito exige seguir la ruta del dinero y comprender que detrás de la explotación existen complejas estructuras económicas y financieras.
El informe concluye que combatir la trata ya no puede limitarse al rescate de víctimas ni a la persecución penal de los responsables directos. Es necesario fortalecer las políticas de prevención, la asistencia integral, la alfabetización digital, la cooperación internacional y la investigación patrimonial de las organizaciones criminales.