Encabezaron una reunión en el Senado para cerrar el texto definitivo del proyecto, que elimina restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros y mantiene el debate sobre el rol de las provincias.
La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, encabezaron este jueves una reunión a puertas cerradas en la cámara alta para ultimar los detalles de la Ley de Propiedad Privada.
El encuentro se celebró entre las 16 y las 17.40 con el objetivo de que el proyecto avance en la sesión prevista para el 6 de agosto, luego de los traspiés sufridos por la resistencia de los bloques aliados. Uno de los puntos que generó debate fue el capítulo que modifica la Ley de Tierras rurales, que propone eliminar restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
“Nosotros estamos tranquilos. Hemos hecho una buena ley, con aporte de todos. Han participado gobernadores, senadores de todas las provincias que están cerca y aportan a una mirada constructiva. Creemos que va a salir”, afirmó Bullrich tras la reunión.
La senadora porteña enfatizó que el proyecto mantiene la premisa de que un Estado extranjero “no pueda de ninguna manera comprar un milímetro de tierra argentina” y sostuvo que “la soberanía está absolutamente resguardada”.
Bullrich descartó que el texto final incorpore limitaciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, ya que según la Constitución tienen los mismos derechos y responsabilidades que un nacional. “Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene, tampoco en la cantidad de hectáreas”, declaró.
Una semana atrás, la falta de consenso había obligado a la exministra de Seguridad a pedir un cuarto intermedio en la sesión donde se iba a discutir el proyecto y abrir una nueva instancia de negociación.
En ese contexto, Bullrich y Sturzenegger se propusieron definir un texto final, tras al menos 15 versiones y tres postergaciones, que permita evitar nuevos cambios o demoras en el recinto.
De la reunión también participaron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y los equipos de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, que presiden las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.
“Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad en base al orden liberal son los enemigos del progreso. Véanlos hablar y actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina, los que violentaron el derecho de propiedad, los que nos hundieron”, había afirmado Javier Milei la semana pasada durante su intervención en la Bolsa de Comercio.
La Ley de Tierras Rurales vigente establece que ningún inversor extranjero, ya sea persona física o sociedad de capital extranjero, puede poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal. A eso se suma que ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese cupo, y que un mismo titular extranjero no puede acumular más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o su equivalente territorial.
El proyecto del Gobierno elimina esas restricciones y solo mantiene un límite específico para los Estados extranjeros —y organismos, empresas públicas o fondos fiduciarios que dependan de ellos—, a los que en principio se les prohíbe adquirir tierras. Se pueden hacer excepciones si el Poder Ejecutivo determina que la operación no implica un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.
Parte de la discusión gira alrededor del rol de las provincias. En el dictamen aprobado en el Senado, el proyecto les otorga a los gobernadores la facultad de autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción. Aún existen objeciones sobre si se fija algún límite y si esa facultad se delega totalmente a las provincias o si el Estado nacional mantiene el control sobre áreas consideradas estratégicas.