El fiscal General, Alejandro Gober, ordenó al fiscal Laureano Palacios concluir en un plazo de dos meses la investigación preparatoria sobre la golpiza sufrida por Ricardo Paucará en 2015. La medida se da tras rechazar una queja por retardo de justicia interpuesta por la defensa de uno de los acusados.
El fiscal General de Catamarca, Alejandro Gober, instruyó al titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 2, Laureano Palacios, a que en un plazo máximo de 60 días finalice la investigación preparatoria y determine la situación procesal de los policías acusados por la golpiza a Ricardo Paucará ocurrida en julio de 2015, salvo que “sobrevengan circunstancias procesales objetivas que razonablemente lo impidan”.
La solicitud se produjo en la misma resolución en la que Gober rechazó una queja por retardo de justicia interpuesta por la defensa de Lucas Exequiel Valdez, uno de los cinco imputados por privación ilegítima de la libertad, lesiones graves y vejaciones. El rechazo se enmarca en el contexto de la sentencia de la Corte de Justicia que declaró la prescripción de la causa por la Tragedia de la Alcaidía, que incluyó cuestionamientos a la actuación de los operadores judiciales.
Palacios asumió el cargo en 2022, siete años después de los hechos. Durante su gestión también investigó la muerte del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas y fue sometido a un Jury en 2023, del que resultó absuelto.
Ricardo Paucará fue detenido el 20 de julio de 2015. Según la denuncia, policías encapuchados interceptaron un taxi en el que viajaba con sus hermanos, lo trasladaron a la Comisaría Décima y lo sometieron a tormentos durante dos días. Los médicos le diagnosticaron una fisura en el intestino y múltiples hematomas internos. Fue intervenido quirúrgicamente y le extirparon diez centímetros de intestino delgado. Recibió el alta médica tras un mes de internación y desde entonces sufre recaídas.
En la indagatoria, los policías declararon que lo habían detenido porque les hizo burla.
El abogado Pedro Vélez, defensor de Valdez, afirmó que su defendido era el conductor del móvil y no participó de las agresiones. Vélez sostuvo que la causa iba a elevarse a juicio, pero “se demostró que el decreto de determinación del hecho, que es el origen de la acusación, tenía tales vicios que impedían a los imputados defenderse”. Agregó que “la única complejidad está dada por la propia inoperancia del sistema judicial”.
La causa Paucará fue elevada a juicio por primera vez en 2018 y quedó trabada en la Justicia de Garantías. La Fiscalía tiene dos meses para ordenar el caso y procurar su elevación a juicio.