Un informe del CELS, basado en datos oficiales del Ministerio de Seguridad, indica que los operativos de seguridad durante las protestas de jubilados en 2025 tuvieron un costo superior a los 2.000 millones de pesos.
Un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a partir de información oficial del Ministerio de Seguridad sostiene que el gobierno nacional destinó más de 2.000 millones de pesos a los operativos de seguridad desplegados durante las marchas de jubilados realizadas en 2025 frente al Congreso de la Nación.
Según el informe, cada operativo tuvo un costo promedio de 48.535.094 pesos, considerando únicamente combustible y gastos de equipamiento. El CELS señaló que esta cifra es conservadora, ya que no incluye horas de servicio obligatorio ni adicionales de los cerca de 40.000 efectivos desplegados. Entre enero y diciembre de 2025 se realizaron 43 operativos con participación de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval, con un promedio de 915 efectivos por cada uno.
El operativo más grande ocurrió el 12 de marzo de 2025, cuando 1.266 efectivos participaron en la represión. Ese día, el fotoperiodista Pablo Grillo fue herido por un disparo de granada de gas lacrimógeno. El cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, acusado por los delitos de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función” y “abuso de armas agravado”, disparó la granada. La cadena de mando superior continúa bajo investigación.
El CELS destacó que el presupuesto destinado a estos operativos equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido, según el promedio de ese año. Del total de 2.000 millones de pesos, 35 millones correspondieron a combustible y el 96% restante a gastos de equipos de la Policía Federal. El gobierno no aportó mayores precisiones.
De las 43 protestas en las que intervinieron fuerzas federales, al menos 28 fueron reprimidas, con un total de 149 detenciones arbitrarias y 501 personas con heridas de distinta gravedad por balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y carros hidrantes, según registros de organizaciones como Posta Sanitaria, Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), Comisión Provincial de la Memoria de la PBA, Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Monitor de Respuestas Represivas de la CTA.
Además de Guerrero, están procesados el prefecto Sebastián Martínez, por el disparo de un proyectil de rifle Byrna que provocó la pérdida de visión del ojo izquierdo a Jonathan Navarro; el inspector de la Policía Federal Nicolás Céspedez, por lesiones a Beatriz Blanco, jubilada de 82 años; y el policía Cristian Rivaldi, por arrojar gas pimienta a una niña de 10 años durante la marcha del 11 de septiembre de 2024.
El CELS afirmó: “El gobierno nacional no garantiza el derecho a reclamar ante las autoridades y a la protesta social. Aborda el conflicto no como algo propio de las democracias, sino como un problema de seguridad, al que responde con un despliegue descomunal de recursos”.