El fiscal Federal, Rafael Vehils Ruiz, avanza con la investigación de la causa del vuelo narco, por los 470 kilos de cocaína que habrían estado en Catamarca y que luego fueron secuestrados en la provincia de Tucumán.
El fiscal Federal, Rafael Vehils Ruiz, avanza con la investigación de la causa del vuelo narco, por los 470 kilos de cocaína que habrían estado en Catamarca y que luego fueron secuestrados en la provincia de Tucumán. Con los seis sospechosos detenidos con prisión preventiva, Vehils Ruiz apunta a saber quién era el proveedor y quién era el propietario de la sustancia.
El fiscal Federal ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas, el análisis de los teléfonos celulares secuestrados para determinar quién era el proveedor de la cocaína, cómo ingresó al circuito de distribución y cuál era su destino final, según dio a conocer LA GACETA de Tucumán. El otro objetivo central es identificar al propietario de la carga.
Para esclarecer este punto, será fundamental conocer los resultados de las pericias que se están realizando sobre los teléfonos celulares y el GPS que tenía la camioneta en la que se trasladaba la droga.
Preventiva
La Justicia Federal dictó la prisión preventiva para los seis detenidos. Todos fueron procesados por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas. Además, se ordenó un embargo de $5.000 millones sobre los bienes de los imputados.
Los sospechosos son Marcos Nacif (el conductor de la camioneta en la que se transportaba la droga), Rodrigo “Icha” Chávez (supuesto propietario del vehículo utilizado) y Pablo Abraham Pérez (sindicado como el supuesto responsable de la organización). Los otros tres detenidos son Enrique Santos Catulo, su hijo Ernesto Catulo Chamas y Matías Díaz, que podrían estar vinculados con una maniobra de lavado de activos.
El caso salió a la luz hace un mes, cuando personal de Gendarmería Nacional, durante un control de rutina, detuvo una Toyota Hilux que transportaba 470 kilos de cocaína valuados en unos U$S2,3 millones. En la resolución mediante la cual dispuso los procesamientos, el juez Federal, José Manuel Díaz Vélez, detalló los motivos por los cuales consideró acreditada la participación de cada uno de los acusados.