La expresidenta presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para frenar la ejecución del decomiso de bienes, tras quedar firme la actualización del monto a $684.990 millones en la causa Vialidad.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja para evitar la ejecución y eventual remate de bienes alcanzados por la condena en la causa Vialidad. La presentación se realizó un día después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los planteos de nulidad y ratificara la actualización del monto del decomiso a $684.990 millones.
El recurso fue presentado por el abogado Carlos Beraldi, defensor de la exmandataria. La misma estrategia fue adoptada por el empresario Lázaro Báez, también condenado en la misma causa.
La Corte había ratificado la cifra actualizada, que surge de la actualización de los aproximadamente $85.000 millones originalmente establecidos por el Tribunal Oral Federal N.º 2. La discusión ahora se concentra en la etapa de ejecución patrimonial.
Entre los bienes que podrían quedar alcanzados por el decomiso figuran propiedades de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, hoteles vinculados a las firmas de la familia y otros activos incluidos en los expedientes judiciales.
La defensa de la exmandataria también busca excluir del proceso bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, argumentando que no existe prueba de que esos activos provengan de los hechos investigados.
La causa Vialidad constituye uno de los expedientes de corrupción más relevantes de la historia reciente argentina. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en relación con 51 contratos de obra vial adjudicados en Santa Cruz. Aquella sentencia fue confirmada por instancias superiores y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema.
Uno de los aspectos centrales del proceso es el decomiso, figura prevista en la legislación penal para recuperar activos obtenidos o vinculados con delitos contra el Estado. El cálculo original se basó en los perjuicios económicos atribuidos a las irregularidades detectadas en las licitaciones de obra pública investigadas.
El expediente aún presenta otros frentes abiertos. La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados, sosteniendo que los activos vinculados a causas de lavado deben quedar bajo la órbita de organismos especializados.
Especialistas consultados por distintos medios nacionales señalaron que los recursos de queja no tienen efecto suspensivo automático, por lo que la Justicia podría avanzar paralelamente con las medidas destinadas a identificar, tasar y eventualmente ejecutar los bienes alcanzados por la condena.
El caso tiene además una fuerte dimensión política. Cristina Kirchner continúa denunciando una persecución judicial y cuestionando las resoluciones adoptadas por los tribunales, mientras que el oficialismo considera que la ratificación de las condenas constituye un hito en la lucha contra la corrupción.
En ese escenario, la disputa por el patrimonio de la expresidenta aparece como el último gran tramo de un proceso judicial que se extendió durante más de una década y que ahora ingresa en su etapa más sensible: la recuperación efectiva de los bienes reclamados por el Estado.