Un propietario y un contratista aportaron datos sobre alquileres en dólares, obras y pagos en efectivo en el country Indio Cuá.
El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración este miércoles a José Luis Rodríguez, propietario de una casa en el country Indio Cuá que fue alquilada por Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Durante su testimonio, Rodríguez aportó nuevos datos sobre gastos vinculados al alquiler y otros contratos temporarios celebrados con el funcionario.
Según trascendió, Rodríguez confirmó que Adorni pagó 13.000 dólares para instalarse con su familia en la propiedad mientras avanzaban las refacciones de la casa que compró en Exaltación de la Cruz por 120.000 dólares. La obra estuvo a cargo del contratista Matías Tabar y, según la declaración, sufrió demoras que extendieron la estadía prevista. El testigo sostuvo que el acuerdo de alquiler se prorrogó de manera verbal por tres meses más, por los cuales Adorni desembolsó otros 2.400 dólares, todos en efectivo.
Rodríguez también declaró que no era la primera vez que alquilaba una propiedad al actual jefe de Gabinete: ambos firmaron un contrato temporal en octubre de 2023, antes de que Javier Milei asumiera la Presidencia. Además, señaló que Adorni pasó el verano de 2024 en el country Indio Cuá, cuando ya era vocero presidencial, con un costo de 5.600 dólares.
La declaración de Rodríguez se suma a la de Matías Tabar, quien encabezó las remodelaciones de la casa adquirida por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en el mismo barrio privado. Tabar aseguró ante Pollicita que las obras demandaron alrededor de 245.000 dólares, abonados en efectivo y sin factura. Los trabajos se desarrollaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron reformas en cocina, baño, quincho, pileta, pisos y galería. El contratista recibió los pagos en dos tramos: 55.000 dólares en 2024 y 190.000 en 2025, y aportó su teléfono celular y datos de los trabajadores involucrados.
La investigación judicial intenta reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y determinar el origen de los fondos para la compra de propiedades y el pago de remodelaciones. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita. Ya se solicitaron informes patrimoniales, registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros. También se incorporaron datos sobre la escritura de la vivienda del country Indio Cuá, firmada el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko, aunque la propiedad todavía figura a nombre del antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino, en registros municipales.
En sus últimas apariciones públicas, Adorni rechazó haber cometido irregularidades y aseguró que puede justificar el dinero destinado a la compra de inmuebles y a las reformas realizadas.